AP
Una banda dedicada al tráfico ilegal de migrantes entre Nicaragua y Costa Rica fue detenida el sábado por el Organismo de Investigación Judicial costarricense (OIJ) en un operativo realizado en la ciudad de Liberia, a 150 kilómetros (93,2 millas) al noroeste de San José.
En el operativo se logró la detención de 19 personas, entre ellas cinco oficiales de la Policía Administrativa, quienes facilitaban el paso de los migrantes desde la zona norte de la provincia de Guanacaste, fronteriza con Nicaragua.
El OIJ también detectó una vivienda en la que se encontraban más de 50 migrantes nicaragüenses, quienes estarían esperando a que los traficantes los trasladaran desde Liberia hacia la capital costarricense, San José.
Al grupo liderado por tres nicaragüenses y tres costarricenses le fueron decomisados 17 vehículos que eran utilizados para el transporte de los migrantes ilegales.
Según las autoridades, en la investigación se logró determinar que la banda transportaba personas de baja escolaridad desde Nicaragua que pasaban la frontera costarricense ilegalmente tras un pago de entre 130 y 160 dólares. El monto podía variar según edad, peso y contextura de la persona, además de si era acompañada por niños.
Los presuntos delincuentes modificaron varios vehículos de doble tracción con capacidad de cinco personas, pero que al tener vidrios polarizados, llevaban hasta 12 migrantes y en caravanas de hasta seis vehículos, sin ser detectados por la policía.
La banda trasladaba a los migrantes la noche de los viernes a Liberia, y si eran alertados de operativos en carretera, los vehículos se desviaban a zonas boscosas fuera del camino para esperar que el retén fuese levantado.
Los grupos eran ocultados en viviendas de los delincuentes y se esperaba a la noche del sábado para realizar su traslado a San José.
El OIJ le sigue la pista a esta banda desde hace casi 10 años, pero fue una información confidencial recibida el pasado mes de octubre la que permitió descubrir y detener la operación.
Los detenidos se exponen a una pena de cárcel de entre cuatro y 10 años por el delito de tráfico de personas, detalló el jefe del Ministerio Público, Jorge Chavarría.