El Gobierno Revolucionario de Cuba emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para rechazar de forma categórica la acusación penal presentada este 20 de mayo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el expresidente del país caribeño, Raúl Castro Ruz.
La administración isleña calificó la acción judicial como un “acto despreciable e infame de provocación política” y afirmó que Washington carece de legitimidad y jurisdicción para ejecutarla.
El documento oficial denuncia que la acusación estadounidense se fundamenta en una “manipulación deshonesta” en torno al derribo de dos aeronaves en febrero de 1996, las cuales eran operadas por la organización Hermanos al Rescate, asentada en Miami.
El Gobierno cubano tildó a dicha agrupación de “terrorista” y enfatizó que sus incursiones hostiles eran de dominio público.
De acuerdo con el texto, la Casa Blanca omite deliberadamente datos históricos y legales clave sobre el suceso como que Cuba presentó en su momento alertas formales ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) por más de 25 violaciones graves a su espacio aéreo entre 1994 y 1996.
Así como que las autoridades de La Habana enviaron mensajes directos al mandatario estadounidense de la época advirtiendo sobre las posibles consecuencias de permitir tales transgresiones.
Además, el comunicado sostiene que la respuesta militar de Cuba estuvo estrictamente amparada por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944 y los principios de soberanía y proporcionalidad.
Acusaciones de complicidad
La declaración cubana apunta a que la inacción histórica de Washington ante las alertas demostró una supuesta complicidad en la planificación de actos violentos desde suelo norteamericano. Asimismo, tachó de “gran cinismo” la postura del Departamento de Justicia.
El texto oficial argumenta que el propio gobierno de EEUU*. ha incurrido en violaciones internacionales al haber “asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos de su territorio, bajo supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados”.
El Gobierno Revolucionario tipificó estas operaciones estadounidenses como crímenes de ejecuciones extrajudiciales.
Respaldo irrestricto al líder revolucionario
Finalmente, las autoridades de la isla enmarcaron esta acción judicial dentro de los esfuerzos de sectores anticubanos para estructurar una narrativa que justifique “el endurecimiento de medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo energético y amenazas de agresión armada contra la población”.
El comunicado concluye ratificando el compromiso de Cuba con la paz, reafirmando la decisión de defender su modelo socialista y expresando un respaldo “irrestricto e invariable” hacia la figura de Raúl Castro Ruz.
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