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El Ejército habría utilizado un predio de un seminario salesiano para secuestrar y torturar personas durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983), según una investigación judicial difundida hoy por el diario "Página/12″.
Un fiscal de la Justicia Federal en la ciudad de Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, detectó que el seminario de la Casa Obra Salesiana Ceferino Namuncurá, de la cercana ciudad de Funes y propiedad de la Iglesia católica argentina, habría funcionado como centro clandestino de detención y de torturas.
Allí fueron torturados al menos tres prisioneros del destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Cuerpo de Ejército II, que habían sido privados en forma ilegal de su libertad, según se desprende de documentos y de testimonios brindados en la causa conocida como "Guerrieri II" citados por el periódico.
En este expediente figuran dos sacerdotes. Uno de ellos integraba el "grupo de tareas" represor que secuestraba en Rosario, continuó su carrera eclesiástica tras la dictadura y fue distinguido por el Vaticano, y el otro fue una de las víctimas que reconoció su lugar de cautiverio. También se menciona un arzobispo que habría estado informado de estos hechos.
Al menos una de las personas que habría estado detenida ilegalmente en el predio del seminario salesiano continúa desaparecida.
El lugar donde funcionó el seminario salesiano fue vendido a la Fuerza Aérea en 1979, y desde entonces es sede del Liceo Aeronáutico Militar. Los salesianos conservaron los terrenos vecinos.
Fue detectado por el fiscal Gonzalo Stara, a cargo de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Rosario, quien actúa ante el juez instructor Marcelo Bailaque y ante el tribunal oral del juicio que conduce el debate de un tramo de la causa.
El primer predio de la Iglesia católica que se descubrió funcionaba como centro clandestino de detención fue la casa de fin de semana del Arzobispado de Buenos Aires "El Silencio", una isla en el delta ubicada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.
Allí fueron ocultados unos 60 detenidos ilegales en 1979 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina ante la denuncia de delitos de lesa humanidad en el país sudamericano.
Según una investigación del periodista Horacio Verbitsky, de "Página/12″, ese terreno fue vendido por el administrador de los bienes de la Curia Antonio Arbelaiz a monseñor Emilio Grasselli, secretario general del Vicariato Castrense, quien a su vez transfirió esa propiedad al "grupo de tareas" de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que la adquirió con el documento falso de un detenido ilegal. El dinero que la Armada le debía a Grasselli por la hipoteca sobre la isla fue a parar a la Curia, como heredera de Arbelaiz, indicó el investigador.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura militar, de acuerdo a organismos de derechos humanos. El próximo 10 de diciembre se cumplirán 30 años del retorno de la democracia tras el sangriento régimen castrense.