DPA
Estados Unidos deportó en el año fiscal 2013 a un total de 368.644 inmigrantes indocumentados, lo que supone un 10 por ciento menos que el año previo, cuando expulsó a 402.919 personas, anunció hoy la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Un tercio de los deportados, o 133.551 personas, fueron aprehendidos en el interior del país, mientras que el resto, más de dos tercios, fue detenido cuando trataba de ingresar por la frontera de forma ilegal, de acuerdo con los datos oficiales.
El director en funciones de ICE, John Sandweg, hizo hincapié en que las deportaciones fueron realizadas de forma "efectiva" y en línea con las directivas del gobierno de Barack Obama de priorizar a aquellos individuos con antecedentes criminales y para "seguir asegurando las fronteras del país", es decir, capturados en la frontera.
De hecho, el 82 por ciento de todos los deportados que ya se encontraban en territorio estadounidense habían sido condenados previamente por algún tipo de crimen, destaca en su informe ICE, una oficina adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Además, el 98 por ciento de todos los deportados en el último año cumplían alguna de las prioridades establecidas, una cifra "récord" que demuestra el "compromiso" de las fuerzas de seguridad para "implementar una estrategia de aplicación de leyes migratorias fuerte y centrada", insistió Sandweg.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los inmigrantes manifestaron de inmediato su "indignación" por unas cifras que disputaron y que, recordaron, pese a haberse reducido algo respecto a años anteriores siguen marcando "récords" en materia de deportaciones frente a gobiernos previos.
ICE "afirma que la mayoría de los deportados son ‘criminales convictos’, una etiqueta tenebrosa hasta que se ve que según su propia definición de ‘criminal convicto’ incluye violaciones de tráfico y ofensas menores", destacó el director de America’s Voice, Frank Sharry.
"Es hora de que el gobierno haga su parte para detener las deportaciones de persoans que son todo menos ‘criminales’ y que tienen profundas raíces y realizan enormes contribuciones al país que ahora consideran su hogar", agregó.
"¿Cuánto más tenemos que permanecer quietos y ver cómo nuestras familias son desmembradas por agentes migratorios sin escrúpulos?", se preguntó el activista proinmigración y no menos indignado Eddie Carmona, de la campaña a favor de la ciudadanía para los inmigrantes de la organización PICO.
"Hace mucho que llegó la hora de que el gobierno de Obama proporcione el alivio que necesita y que el Congreso apruebe una reforma migratoria que ponga fin a estas indignantes deportaciones de una vez por todas", agregó en coincidencia con Sharry.
Frustrados por la falta de acción en el Congreso hacia una reforma migratoria, que sigue estancada en la cámara baja dominada por la oposición republicana sin visos claros de avanzar próximamente, han crecido entre los grupos proinmigración las voces que le reclaman a Obama que use sus poderes ejecutivos para detener las deportaciones, aunque la Casa Blanca insiste en que no puede hacerlo.