La suspendida Defensora del Pueblo de Panamá Patria Portugal, investigada por cargos de supuesto peculado, presentó hoy sus descargos a una comisión legislativa del Parlamento panameño que pospuso hasta mañana su decisión de si recomienda o no su remoción definitiva del cargo.
"Lo que nosotros vamos a hacer es que mañana la Comisión de Credenciales vuelve a reunirse para analizar los descargos de la defensora (…) y de ahí entonces recomendar al pleno (legislativo de la Asamblea Nacional) una decisión", dijo el diputado oficialista Mario Miller, presidente de la instancia legislativa.
Miller afirmó que "esto no se trata de guillotina" y que tienen cinco días para llegar a una decisión por mayoría simple, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Una vez la Comisión decida, a puerta cerrada, sobre el futuro de Portugal, elevará las recomendaciones al pleno para determinar si continuará o no al frente de la Defensoría del Pueblo, indicó un comunicado de la Asamblea Nacional (AN).
Portugal, suspendida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue al parlamento acompañada de varios exfuncionarios de la Defensoría y del abogado y exprocurador general de la Nación Rogelio Cruz.
Portugal respondió un cuestionario de tres preguntas sobre unas polémicas contrataciones otorgadas por la Defensoría.
Según alegó ante los nueve diputados integrantes de la Comisión, todo lo relacionado con las contrataciones se desarrollo dentro del marco legal y fue avalado por la Contraloría de Panamá.
La Defensora es investigada por adjudicar supuestamente de manera irregular dos contratos de forma directa a empresas vinculadas a una misma familia, por un monto total de 450.000 dólares, en un periodo de cinco meses.
El primero firmado en marzo de 2012 por 250.000 dólares para mejorar la imagen de la institución ante la sociedad panameña, y otro por 200.000 dólares para un programa de atención al usuario.
Portugal reiteró hoy que ambos contratos buscaban un "cambio de imagen" en la Defensoría como parte del plan estratégico 2011-2016 de esta institución.
Esta fue la segunda vez que Portugal asiste ante el parlamento, ya que el pasado 11 de julio respondió por aproximadamente cuatro horas a las interrogantes de los diputados en el pleno legislativo.
El pasado 24 de julio, la CSJ suspendió a Portugal y le impuso una medida cautelar que le impide salir del país, luego de que el Ministerio Público (MP) presentara cargos de peculado en su contra por unas polémicas contrataciones otorgadas por esa entidad.
El magistrado de la CSJ José Ayú Prado, que actuó como juez de garantías, la suspendió hasta que un tribunal de apelaciones decida el recurso presentado en la audiencia por el representante legal de la defensora del Pueblo.
Ayú concedió un plazo de dos meses al MP para que pueda realizar sus investigaciones sobre el caso, y después de ello se anunciará la fecha de audiencia en el tribunal de apelaciones.
Portugal, que también fue investigada por la Contraloría General y la Autoridad Nacional de Transparencia, se convirtió en abril de 2011 en la primera mujer en ejercer el cargo en Panamá.
Su cargo lo ejerce ahora de manera interina Javier Mitil, Defensor Adjunto desde mayo de 2011. /EFE