Una jueza de Miami emitió una orden de arresto contra el exmandatario cubano Raúl Castro por su presunta vinculación con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.
El ataque dejó cuatro fallecidos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en EEUU.
La decisión forma parte de una investigación que busca establecer responsabilidades por uno de los episodios más controvertidos de las relaciones entre Washington y La Habana.
¿Qué motivó la orden judicial?
La medida se sustenta en una investigación de las autoridades de Florida sobre el posible papel de Castro en los hechos. La jueza Ariana Fajardo Orshan consideró que existen indicios suficientes para respaldar una acusación por presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado.
Sin embargo, la orden no equivale a una condena y las acusaciones deben seguir el proceso judicial correspondiente.
Hermanos al Rescate, organización con sede en Miami, se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban salir de la isla por mar. Las dos aeronaves civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales, según las denuncias judiciales estadounidenses.
El incidente provocó consecuencias diplomáticas y legales que se mantienen vigentes casi 30 años después.
Señalamientos sobre la participación de agentes cubanos
De acuerdo con la investigación, agentes cubanos que operaban en Florida habrían recopilado información sobre los vuelos de la organización y transmitido esos datos a la isla.
Los investigadores sostienen que esa información pudo facilitar la localización de las avionetas antes del derribo. Para entonces, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
La orden estatal se suma a la acusación federal presentada en mayo de 2026 contra Castro y otros ciudadanos cubanos por su presunta participación en los hechos. Entre los cargos señalados figuran asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que ofrecería información sobre la nueva medida judicial.
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