El Gobierno egipcio negó la detención de 1.500 refugiados sirios y la expulsión de la mayor parte de ellos de Egipto, tal como denunció el pasado lunes la organización Human Rights Watch (HRW).
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que el informe de HRW es "completamente erróneo" y negó que los refugiados sirios vivan en condiciones difíciles en Egipto.
Calificó de "inadmisible" el hecho de generalizar casos individuales entre los más de 320.000 sirios que han llegado a territorio egipcio desde 2011, cuando estalló el conflicto en su país.
Asimismo, negó que exista una política estatal que establezca la expulsión de sirios, salvo que hayan entrado en Egipto de manera "ilegal", y aseguró que en ningún caso son obligados a volver a Siria, sino que se les permite elegir su destino.
El Ejecutivo justificó que las autoridades egipcias hayan pasado a solicitar visado a los sirios que entran en el país por "razones de seguridad" y afirmó que se trata de "una decisión temporal" que será retirada en cuanto la situación lo permita.
Admitió en la nota que el Gobierno está trabajando "para mejorar las condiciones de detención" y pidió a la comunidad internacional asistencia económica y humanitaria para "aliviar la carga de los países receptores" de refugiados sirios.
Human Rights Watch denunció el pasado lunes la detención de 1.500 refugiados procedentes de Siria, 400 de ellos palestinos, y pidió la excarcelación de otros 300 que supuestamente continúan en comisarías de policía "masificadas".
La organización de derechos humanos denunció que los palestinos son los más vulnerables, al impedirles el Gobierno egipcio recibir la protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El pasado octubre, Amnistía Internacional ya acusó a las autoridades egipcias de detener de forma ilegal y deportar a Siria a centenares de refugiados que habían huido a Egipto, lo que ha llevado a otros tantos a intentar llegar de manera ilegal a Europa por el mar Mediterráneo. EFE