La supuesta trama urdida por opositores para atentar contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, y dividir territorialmente el país, cumplirá mañana cuatro años sin aclararse y en medio de un juicio en el que reina una creciente confusión.
El caso data del 16 de abril de 2009 cuando murieron acribillados a manos de la policía en un hotel de la ciudad oriental de Santa Cruz el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Árpád Magyarosi, y además fueron detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano croata Mario Tadic.
Los cinco fueron acusados por el Gobierno de formar una banda terrorista que supuestamente planteó el magnicidio y organizaba milicias separatistas a las órdenes de un grupo de empresarios y políticos autonomistas de la rica región oriental de Santa Cruz.
Sin embargo, lejos de quedar aclarado el caso que implica a 39 acusados, el juicio va hoy de tumbo en tumbo, ha cambiado de ciudad cinco veces, de tribunal en dos, ha sufrido la renuncia del fiscal acusador clave, Marcelo Soza, y el encarcelamiento por supuesta corrupción de tres abogados del Gobierno que impulsaban el caso.
La forma en que se manejado el caso y el juicio, que está en un receso hasta el 22 de abril, ha provocado la preocupación de los imputados, que niegan las acusaciones, pero también del Ejecutivo.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, se ha sumado hoy a las críticas al pedir que la Fiscalía General solucione los problemas y ha exhortado a que el caso "no se politice bajo ningún punto de vista" y a que los fiscales trabajen en base a la Constitución.
"Hay contradicciones que estamos advirtiendo en los operadores de Justicia, me refiero a los fiscales en primera instancia, y estas contradicciones de ninguna manera pueden seguir entorpeciendo un trabajo esperado por los bolivianos que quieren transparencia", dijo Villena a los medios.
El abogado Gary Prado Arauz, defensor e hijo del general retirado Gary Prado Salmón, que está acusado en el caso, dijo hoy a Efe que "son cuatro años de incertidumbres y dudas, pero fundamentalmente de una violación de los derechos humanos de los imputados".
Prado Salmón, que fue el captor del guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara en 1967, ha asegurado ser inocente en este caso que, según la oposición, fue montado por el Gobierno de Morales para perseguir a los líderes autonomistas de Santa Cruz.
Para Prado Arauz, la principal responsabilidad de la situación crítica del proceso es "la interferencia política que el Gobierno ejerce sobre el órgano judicial y el Ministerio Público".
No obstante, el Gobierno de Morales también ha criticado la lentitud con que el juicio se ha desarrollado porque defiende que sí hubo un plan de sedición, de alzamiento armado y de magnicidio en 2008 y 2009, apuntalado por el grupo de extranjeros, y financiados por líderes autonomistas cruceños.
La ley boliviana establece que este tipo de casos tienen un plazo de máximo tres años para llegar a una sentencia como ha hecho notar varias veces el húngaro Tóásó, que durante su largo cautiverio, que considera injusto, ha llegado a enamorarse y casarse en prisión.
Mañana, los familiares de los detenidos protagonizarán un acto en la plaza principal de Santa Cruz para recordar lo que llaman "cuatro años de injusticia y amedrentamiento al movimiento autonomista".
Uno de los peores golpes al proceso fue la reciente difusión por parte de la oposición de un audio con la supuesta voz del fiscal Marcelo Soza haciendo supuestas revelaciones sobre las tres muertes citadas y de presiones para involucrar a dirigentes autonomistas.
Soza afirmó que se trata de un montaje, pero luego renunció a su cargo, si bien la Fiscalía General ha dicho que goza de vacaciones.
Antes, en diciembre, los abogados Dennis Rodas, Fernando Rivera y Boris Villegas que trabajaban para el Gobierno impulsando el polémico juicio, fueron encarcelados acusados de formar una supuesta red de extorsión a reclusos y de presionar a fiscales y jueces.
La confusión que afecta al proceso tiende a crecer porque un reciente fallo del Constitucional que favoreció a Prado Salmón derivaría en que se anule todo lo trabajado en el juzgado desde noviembre pasado y en la designación de nuevos jueces. /EFE