El Consejo israelí de Ministros aprobó hoy la adquisición de un avión para los desplazamientos del primer ministro, en lugar de que siga alquilando aparatos a líneas aéreas, y ha dado también luz verde a la construcción de una nueva residencia para el jefe del Gobierno.
Los dos proyectos, que costarán al erario público unos 200 millones de dólares, fueron aprobados hoy con la oposición de varios ministros que creen que ambos son innecesarios cuando la mayoría de los israelíes se aprieta el cinturón.
La Oficina del Primer Ministro informó de que los dos proyectos fueron aprobados en base a las recomendaciones de sendas comisiones que estudiaron el caso.
Hasta hace una década el primer ministro y el jefe del Estado solían desplazarse en un avión 707 readaptado de la Fuerza Aérea israelí, pero los altos costes y los riesgos por la edad del aparato condujeron a un cambio de política según la cual cada viaje era sacado a concurso entre las tres líneas aéreas nacionales.
Una comisión que el año pasado estudió el problema recomendó la adquisición de un avión de entre 10 y 15 años, al que la industria local le instalará las medidas de seguridad requeridas.
El Gobierno destinará para ellos una partida inicial de 70 millones de dólares para la compra del avión, y otros 13 millones anuales para su mantenimiento, en un concurso que se hará público en un plazo de 60 días.
Igualmente, los ministros aprobaron el proyecto inicial para construir una nueva residencia para el primer ministro, una idea que data de hace dos décadas pero que por razones presupuestarias nunca fue llevado a cabo.
El objetivo de la misma es que el primer ministro de Israel disponga de dependencias similares a las de otros jefes de gobierno occidentales, una residencia en la que viva y trabaje.
Desde 1948 el jefe del gobierno israelí vive en un pequeño inmueble en el centro de Jerusalén, y debe desplazarse a diario a su oficina que se encuentra en otro edificio frente al Parlamento, lo que conlleva medidas de seguridad excepcionales en el recorrido durante los desplazamientos.
El proyecto de una comisión especializada costará a los contribuyentes unos 188 millones de dólares (unos 135 millones de euros), aunque los ministros que hoy votaron en contra aseguran que se trata de un precio muy inferior al que eventualmente se pague. EFE