EFE
El Gobierno de México afirmó hoy que no tolerará la justicia por propia mano y emplazó a los grupos de autodefensa a que se integren a los cuerpos policiales o, de lo contrario, dejen sus armas y regresen a sus lugares de origen.
La advertencia estaba dirigida a los grupos de civiles armados que desde el año pasado han surgido en el estado de Michoacán, en el suroeste de México, ante la fuerte presencia de cárteles del narcotráfico y la fragilidad de las autoridades.
"Lo que ha ocurrido en la región durante estos años no tiene paralelo ni precedente en ningún lugar", señaló este lunes el ministro de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, en una reunión que encabezó con autoridades del estado en Morelia, capital de Michoacán.
Grupos de autodefensa de Michoacán operan en unos 15 municipios del centenar que hay en ese estado, especialmente en la región conocida como Tierra Caliente, un valle que toma su nombre por las altas temperaturas de la zona.
Osorio anunció que, a raíz de una petición del Gobierno del estado, serán las instituciones federales las que se encargarán en la Tierra Caliente de proteger a los habitantes en los municipios de la zona.
El año pasado, el Gobierno federal decidió reforzar las posiciones militares y policiales en el territorio, e incluso llegó a hacerse cargo de garantizar la seguridad en Lázaro Cárdenas, el puerto más importante de Michoacán sobre el océano Pacífico.
Ello a raíz de la extensión de cárteles como "Los Caballeros Templarios" en el estado y la corrupción que imperaba en la principal terminal portuaria, aprovechada por los traficantes para el trasiego de droga y precursores y otros negocios ilícitos.
Osorio Chong reconoció que desde hace una década en Michoacán se estaba incubando "la delincuencia, la inseguridad y la violencia" por la "descomposición paulatina del tejido social" unida a "un acelerado proceso de destrucción del tejido institucional".
Además de encargarse el Gobierno federal de funciones de seguridad que hasta ahora estaban en manos del estado y de los municipios, Osorio anunció planes para mejorar la formación policial y la creación de una unidad antisecuestro.
Todo ello para eliminar las causas que motivaron el surgimiento de los grupos de autodefensa, a los que emplazó para "que regresen a sus lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidianas".
"La seguridad de sus comunidades estará plenamente a cargo de las instituciones", afirmó el alto funcionario, considerado como el ministro de mayor peso político en el Gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
Osorio Chong invitó a los integrantes de esos grupos de civiles armados para que, si lo consideran, se puedan incorporar a los cuerpos policiales, dentro del esquema institucional y siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados.
En caso contrario, las autoridades "aplicarán la ley de manera rigurosa e indiscriminada, por lo que no habrá tolerancia alguna para cualquier persona que sea sorprendida en posesión de armas" sin contar con la autorización legal, aseguró Osorio Chong.
El surgimiento de estos grupos genera un mayor debilitamiento del Estado de Derecho, deteriora "el ya de por sí lastimado tejido institucional" y abona el terreno "arbitrario, inconstitucional y peligroso de la aplicación de la justicia por propia mano", añadió.
Sin embargo, en una primera respuesta, representantes de estos grupos de civiles armados consultados por Efe no mostraron mucha disposición para aceptar las alternativas ofrecidas por el Gobierno.
"No podemos regresar porque el crimen organizado tiene la capacidad de ir a buscarnos (…), e inmediatamente nos matan", dijo Estanislao Beltrán, líder de uno de los grupos de autodefensa.
Otro dirigente de estos grupos, Hipólito Mora, de las autodefensas de Buenavista Tomatlán, insistió también en que primero el Gobierno "debería pedirles a ‘Los Caballeros Templarios’ que dejen las armas".
"Está empezando (el Gobierno) al revés (…). Primero que se deje ir el Gobierno sobre ellos, y nosotros con gusto nos retiramos", añadió.