2001.com.ve| Información de EFE
El Gobierno de El Salvador inauguró hoy el "sector especial" para la atención de salud de presos de las cárceles del país que se encuentren en primera fase de tuberculosis, informó la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
La apertura de la unidad se realiza días después de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos denunciara que existe una "grave crisis de salud al interior de los centros penitenciarios", principalmente por el incremento del 400 % en los casos de tuberculosis desde 2016.
Datos del Ministerio de Seguridad detallan que a la fecha hay 1.286 internos confirmados con la enfermedad y "casos sintomáticos", de los cuales 500 se encuentran en tratamiento con Fase I, que reciben diariamente fármacos con cuatro tipos de medicamentos de manera continua, y 786 se encuentran con Fase II.
La nueva sede, que se encuentra ubicada en el Complejo Penitenciario de Izalco, tiene capacidad para 563 privados de libertad y busca "romper con el ciclo de esta patología en el sistema", señaló la DGCP.
Además de este sector, que cuenta con una clínica especializada y con unos quince profesionales de la sanidad, este miércoles se abrieron "centros de consulta" para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Asimismo, podrán realizar sus consultas en el centro las autoridades de salud y organizaciones no gubernamentales ONGs, "cumpliendo de esta manera con un sistema penitenciario, más digno humano y rehabilitante".
La Fiscalía de El Salvador abrió recientemente una investigación por las muertes "naturales" que se dan en las prisiones de El Salvador por el recrudecimiento del régimen de seguridad como parte de una ofensiva contra las pandillas.
Por su parte, la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, pidió el fin de estas medidas "crueles e inhumanas" en las cárceles con pandilleros porque son "ilegales" y riñen con los parámetros de respetos a los derechos humanos.
Estas medidas, que fueron aprobadas por el Congreso en 2016 y tienen vigencia hasta el próximo abril, incluyen la suspensión de las visitas de las familias y el aislamiento total en las celdas, entre otras.
Según datos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), las cárceles del país centroamericano albergaban hasta el pasado mes de diciembre a 39.834 personas, 2.445 más que las 36.834 computadas en el mismo período del 2016.
2018-02-28