El Gobierno español quiere sancionar a las gasolineras flotantes como las que funcionan en el Estrecho de Gibraltar y que son objeto de una de las polémicas actuales con las autoridades del Peñón.
A través de una reforma legal aprobada por el Consejo de Ministros y que debe ratificar el Parlamento, España quiere prohibir y sancionar las actividades de riesgo medioambiental en espacios protegidos y los incluidos en la Red Natura 2000, la máxima figura de conservación natural de la Unión Europea.
España se queja de las actividades de "búnkering" o suministro de combustible que llevan a cabo buques en Gibraltar y que considera que tienen un impacto ecológico en las aguas de la bahía de Algeciras.
Sobre el conflicto medioambiental que actualmente enfrenta a España y el Reino Unido por el "búnkering" en aguas internacionales frente al Estrecho, los espigones que se construyen desde el Peñón y la creación de un arrecife artificial frente a sus aguas, la vicepresidente del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría espera la pronta mediación de la Comisión Europea.
"Con el Reino Unido mantenemos una relación de socios y aliados y trabajamos en un clima de diálogo y cooperación que mantenemos en todos los niveles", dijo.
Asimismo, el Ejecutivo quiere más controles para la técnica de fracturación hidráulica, conocida como "fracking".
Una legislación más adecuada evitará la complejidad de evaluación ambiental que requieren nuevas actividades como los proyectos de perforación, exploración, investigación y explotación de hidrocarburos con técnicas como la fracturación hidráulica, afirmó el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Ángel Arias Cañete./EFE