Lysaura Fuentes
El Comité de la ONU contra la Tortura manifestó su "consternación" por las informaciones que ha recibido sobre "el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o parapoliciales" en Venezuela.
Venezuela fue uno de los examinados en la reciente sesión que celebró en Ginebra este órgano de Naciones Unidas, que emitió sus observaciones y conclusiones sobre cada uno de ellos.
En el caso de Venezuela, los miembros del Comité -expertos independientes y especializados en derechos humanos de diversos países- manifestaron su preocupación por cuestiones relacionadas con la impunidad, detenciones arbitrarias, torturas y excesivo uso de la fuerza durante las protestas que tuvieron lugar entre febrero y junio de este año.
Se pronuncian también en su informe sobre agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos, situaciones que afectan la independencia del poder judicial, las condiciones de detención y violencia en centros penitenciarios, así como sobre ejecuciones extrajudiciales.
Acerca de esto último, se anota que, según las respuestas del Gobierno al cuestionario que le remitió, "en 2012 se produjeron 667 homicidios por parte de agentes del orden y 600 en 2013″, una situación frente a la cual el comité pide que se tomen medidas urgentes para poner término a estos crímenes, que se investiguen los casos ocurridos y se sancione a los responsables.
El Comité enumera varios motivos, de preocupación en relación con la acción de las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales.
Al respecto, "expresa su preocupación por los informes que registran un total de 437 ataques de grupos armados pro-oficialistas a manifestantes" y, según los cuales, gran parte de estos hechos ocurrieron "con la complicidad y aquiescencia de las fuerzas del orden y permanecen en la impunidad".
Menciona asimismo, la cifra entregada por el Ministerio Público, de Venezuela de 3.306 detenidos durante las protestas, 400 eran adolescentes, y manifiesta su preocupación por diversas informaciones que ha recibido y que apuntan a que "un gran número de estas detenciones fueron arbitrarias".
Señala que tienen el conocimiento, de que muchos de los detenidos no fueron informados del motivo de su arresto, no tuvieron acceso confidencial a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial y fueron transferidos a centros de detención sin comunicar el paradero a sus familiares.
También con relación a las protestas, el Comité pidió la liberación de uno de sus principales líderes, Leopoldo López, así como del entonces alcalde de la localidad de San Cristobal, Daniel Ceballos.
Otro aspecto, que les inquieta es la falta de información oficial, sobre el número de detenidos en retenes policiales, que según el Comité puede ser más de 13.000 personas.
Para verificar la situación real, el Comité pidió al gobierno que permita lo antes posible la visita al país del relator contra la Tortura de la ONU y dé acceso a las organizaciones no gubernamentales a los lugares de detención./Con información de EFE
2014-11-28