EFE
El Gobierno francés aprobó hoy su polémico proyecto de ley antiterrorista que servirá para incorporar en la legislación ordinaria varias medidas excepcionales que ahora están contempladas en el estado de emergencia.
En un comunicado, el Consejo de Ministros también confirmó que pedirá al Parlamento autorización para prolongar el estado de emergencia en Francia, vigente desde noviembre de 2015, hasta el 1 de noviembre de 2017.
"Esta prolongación no es banal, varios han sido los atentados desactivados desde el comienzo de año, uno de ellos una gran acción terrorista planeada en Marsella", señaló en la nota.
Sin embargo, el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, reconoce que el estado de emergencia, que incluye varias restricciones a las libertades y que afecta a sectores como el turismo, no puede prolongarse "indefinidamente".
Por ello, y ante el carácter "duradero" de la amenaza terrorista que se cierne sobre Francia, el Ejecutivo juzgó necesario endurecer la legislación para prevenir atentados como los que acabaron con la vida de 239 personas en los últimos dos años y medio.
Entre las nuevas medidas que el Gobierno quiere que el Parlamento francés apruebe, destaca por ejemplo la instauración de perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados (como grandes festivales o las salidas y llegadas del Tour de Francia), decretados por los prefectos (delegados del Gobierno).
Los prefectos también podrán ordenar el cierre por un máximo de seis meses de los centros religiosos en los que se profieran discursos que inciten a la comisión de actos terroristas y a la violencia o hagan apología de la misma (así se ha hecho con 16 mezquitas y varias más están pendientes).
Se va a adaptar el derecho francés a dispositivos europeos, como el registro de pasajeros aéreos (PNR), las escuchas a través de ondas hertzianas o el reforzamiento del control de las fronteras y de los alrededores de estaciones de tren.
En cuanto a los registros administrativos, serán sometidos a la autorización previa por la autoridad judicial, que también podrá ejercer un control sobre la explotación de los elementos que se requisen.
Sin embargo, este proyecto ha inquietado a las ONG, ya que consideran que pone en marcha medidas "discriminatorias" contra muchos inocentes y que no se basa en "pistas graves y coincidentes" sino "en simples sospechas".
El sindicato de los magistrados también ha criticado la norma, pues creen que mina el poder judicial en favor del ejecutivo.