El Gobierno del presidente Donald Trump acudió nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) para solicitar que se mantenga suspendida una decisión judicial que permitiría restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos residentes en territorio estadounidense.
La solicitud de emergencia, presentada el miércoles 18 de noviembre de 2026 por el Departamento de Justicia, busca impedir que entre en vigor el fallo del juez federal Edward Chen.
El magistrado determinó previamente que la actual administración carecía de autoridad legal para cancelar las protecciones migratorias otorgadas a estos ciudadanos durante la gestión del expresidente Joe Biden.
Esta acción representa la tercera ocasión en la cual el Ejecutivo estadounidense solicita la intervención del máximo tribunal dentro de esta disputa legal. La decisión del juez Chen tiene prevista su entrada en vigor para este viernes 20 de noviembre, salvo que un tribunal de apelaciones o la Corte Suprema ordene mantener la suspensión.
Argumentos sobre deportaciones y permisos de trabajo
En su escrito ante los magistrados, el Gobierno federal sostuvo que la restitución inmediata del TPS generaría consecuencias directas sobre los procedimientos migratorios vigentes. Según los argumentos del Departamento de Justicia, la medida impediría ejecutar cientos de órdenes de deportación y obligaría a liberar a aproximadamente 1.800 venezolanos que permanecen bajo custodia.
Asimismo, la representación legal del Ejecutivo advirtió que el Estado tendría la obligación de reactivar las autorizaciones de empleo para todos los beneficiarios que recuperen el amparo migratorio.
Origen de las designaciones del TPS
El litigio judicial gira en torno a la decisión de la administración Trump de finalizar las protecciones que permitieron a cientos de miles de venezolanos permanecer de forma regular en Estados Unidos y acceder a documentos laborales.
El Estatus de Protección Temporal fue concedido a los ciudadanos venezolanos mediante dos designaciones oficiales aprobadas en 2021 y 2023, bajo el mandato de Joe Biden, en atención a la situación política, económica y humanitaria de Venezuela.
La resolución que adopte la Corte Suprema en las próximas horas resultará determinante para el futuro migratorio de miles de familias.
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