2001.com.ve | EFE
El Gobierno de Perú salió este jueves reforzado de las primeras decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional sobre la crisis que llevó al presidente Martín Vizcarra a disolver el Congreso, que controlaba la oposición liderada por el fujimorismo.
En primer lugar el Constitucional rechazó la incorporación como nuevo magistrado de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo del presidente de la comisión permanente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, por lo que de momento se mantendrá su actual composición.
Ortiz de Zevallos logró los votos necesarios del Congreso para ser nuevo magistrado del Tribunal Constitucional justo antes de que Vizcarra disolviese el parlamento al considerar que el Legislativo había rechazado la confianza al Ejecutivo por no hacerle caso en su pedido de frenar la polémica renovación de magistrados.
El Gobierno trató de frenar con una cuestión de confianza la renovación exprés que el Congreso pretendía hacer del Tribunal Constitucional para colocar a magistrados afines que viesen controvertidos casos como la liberación de Alberto Fujimori y Keiko Fujimori.
El pleno del TC señaló en un comunicado que no pueden aceptar a Ortiz de Zevallos como nuevo miembro porque hay dos impugnaciones presentadas en la votación donde salió elegido que deberán ser resueltas por el nuevo parlamento que resulte elegido en los comicios legislativos del 26 de enero de 2020.
Ortiz de Zevallos fue escogido con 87 votos, el número mínimo requerido, pero la congresista del Frente Amplio de izquierdas María Elena Foronda denunció que su voto había sido suplantado, ya que en el panel del hemiciclo salió que había votado a favor cuando ni siquiera estaba en su asiento.
Asimismo, el Tribunal Constitucional recordó que el único órgano competente para decidir qué magistrado tiene que salir es el mismo pleno de los siete magistrados, en respuesta a Olaechea, que mandó un ofició al tribunal para solicitarle que saliese el miembro de menor colegiatura, es decir, Eloy Espinosa-Saldaña.
Otra decisión con la que el Gobierno puede ser optimista es que el Constitucional aplazó para el 29 de octubre la decisión de admitir o no a trámite el recurso de inconstitucional presentado por Olaechea contra la disolución del Congreso, y que el ponente para elaborar un proyecto de fallo será el magistrado Carlos Ramos.
"Es una responsabilidad que no ocurre todos los días. Más allá de la responsabilidad personal, tiene un carácter histórico y de enorme compromiso", señaló Ramos a periodistas.
La demanda presentada por Olaechea sostiene que Vizcarra no estaba facultado para disolver el Congreso al considerar que en ningún momento el parlamento le rechazó la cuestión de confianza que había presentado ese mismo día.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que la disolución fue constitucional porque el Legislativo hizo caso omiso a las condiciones puestas por el Ejecutivo para votar la confianza y que, por lo tanto, constituyó una "negación fáctica" de la moción.
Asimismo, argumentan que, como presidente únicamente de la comisión permanente, Olaechea no está facultado para presentar un recurso de inconstitucionalidad porque necesita antes el respaldo de una votación del pleno, que no se puede producir porque ya no habrá ninguno nuevo hasta después de las nuevas elecciones.
Si el Tribunal Constitucional falla a favor del Gobierno, el Congreso se quedará sin margen de maniobra para poder revertir legalmente la decisión de Vizcarra, y el asunto quedará zanjado a la espera de las nuevas elecciones parlamentarias.
Si lo hiciese al favor del Congreso, el pleno debería volver a constituirse a pesar del desprestigio y mala imagen generalizada que tiene entre la población peruana, pero ejecutar una sentencia de este perfil se haría muy difícil si llega después de las elecciones del 26-E.
2019-10-17
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