DPA
El gobierno de Colombia rechazó hoy la justificación que la guerrilla de las FARC dio sobre el secuestro y muerte de dos policías la semana pasada en el departamento de Nariño (sur), en la que el grupo indicó que una "gran operación militar de persecución obligó" a los captores a asesinar a los uniformados.
En un comunicado de cuatro puntos, la Presidencia condenó este domingo el asesinato del mayor Germán Méndez y el agente Edílmer Muñoz perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los cuerpos fueron hallados el pasado martes con huellas de tortura en la zona en donde habían sido retenidos.
"(El gobierno) rechaza tajantemente el comunicado del Secretariado de las FARC sobre la muerte del mayor y el patrullero y condena nuevamente ese delito. El mayor y el patrullero se encontraban en poder de las FARC y fueron asesinados de la manera más cobarde e inhumana, en estado de indefensión", indicó el texto.
Asimismo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aseguró en la misiva que "no existe justificación alguna de un crimen de esa naturaleza, que es un crimen de guerra y una grave violación de los derechos humanos".
Según el Ejecutivo, el proceso de paz que se celebra con el grupo desde 2012 en Cuba "no libera a las FARC de sus responsabilidades".
"El hecho de que en La Habana se adelanten conversaciones de paz de ninguna manera libera a las FARC de sus responsabilidades frente al Derecho Internacional Humanitario. Tendrán que responder por todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que hayan cometido y que sigan cometiendo", detalló.
Finalmente, el gobierno advirtió que "mientras no se llegue a la firma de un acuerdo final y perdure el conflicto", el Ejecutivo "seguirá cumpliendo con su obligación constitucional de proteger a todos los colombianos, persiguiendo a las FARC en todo el territorio nacional".
La respuesta de la Presidencia se da un día después de que las FARC reconocieran su responsabilidad en el asesinato de los uniformados argumentando que el hecho "desató una gran operación militar de persecución con media docena de helicópteros artillados y múltiples patrullas" que "obligó a los milicianos a proceder".
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia le pidió a la guerrilla entregar a los responsables del asesinato de los uniformados como en días pasados lo había solicitado el gobierno.
"Las FARC deberían entregar a los milicianos responsables a la Fiscalía General para que lleve a cabo el proceso de investigación, juzgamiento y sanción que corresponde", propuso la ONU en un comunicado conocido este domingo.
La organización internacional reconoció como "un paso muy importante" la aceptación de la guerrilla en la autoría de lo sucedido con los uniformados, pero exigió al gupo un compromiso con el "respeto total del Derecho Internacional Humanitario".
Aunque los diálogos de paz ya dejan algunos acuerdos preliminares en dos de los cinco puntos de la agenda pactada por las partes, en el país la confrontación armada no se detiene.