DPA
El presidente del Perú, Ollanta Humala, instó hoy a la Justicia a que reconsidere la decisión de ordenar el envío a otra cárcel de cuatro notorios líderes subversivos, Óscar Ramírez Durand, Víctor Polay, Peter Cárdenas y Miguel Rincón, recluidos actualmente en un penal de seguridad extrema.
"Nos preocupa que se determine la salida de estos delincuentes de marca mayor, que han creado zozobra en el país y causaron decenas de miles de muertos y miles de millones en pérdidas, y que hoy los puedan pasar a un penal común", dijo Humala sobre la sentencia de esta semana de los magistrados Óscar Sumar Camet y Julio Boggio.
"Los magistrados deben reflexionar en este tema. Como Ejecutivo vamos a cumplir lo que diga la sentencia, pero creemos que el pueblo debe estar notificado de los riesgos de este tipo de sentencias", agregó el mandatario.
Sumar Camet y Boggio ordenaron que Ramírez Durand y Polay, ex jefes máximos de los grupos ultraizquierdistas armados Sendero Luminoso y MRTA, respectivamente, así como Cárdenas y Rincón, ex números dos y tres de los "emerretistas", salgan de la cárcel de la base naval de la ciudad de Callao, donde permanecen desde la década de 1990, y vayan a una prisión común, pues según los magistrados no les corresponde el actual régimen penitenciario.
En medio de un amplio malestar ciudadano por la presunta ventaja que se les quiere dar a los cuatro reos, el gobierno interpuso un recurso a través del Instituto Nacional Penitenciario y espera que el caso pase a otras instancias judiciales.
La cárcel en que están Ramírez Durand, Polay, Cárdenas y Rincón es considerada inexpugnable, y su régimen es tal que los pocos presos no pueden verse entre sí y solo reciben visitas de familiares directos, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja. Ahí también están el fundador de Sendero, Abimael Guzmán, y el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, jefe operativo de la red de corrupción que actuó en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Para analistas, el paso de Ramírez Durand, Polay, Cárdenas y Rincón a una cárcel común podría generar riesgo de fuga. El abogado de los presos del MRTA, Aníbal Apari, quien también estuvo preso por terrorismo, ha descartado esa opción y asegura que la organización está desmantelada y sus líderes ya no creen en la lucha armada.
La posible salida de los cuatro condenados hacia penales menos rigurosos ha movilizado a la opinión pública, severa con quienes desataron una "guerra popular" que, según la Comisión de la Verdad, dejó casi 70.000 muertos entre 1980 y 2000. Los partidos políticos, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo también han rechazado el fallo.
Polay y Rincón pagan condenas de 35 años desde 1992 y 1995, respectivamente, y Cárdenas una de 25 años desde 1992. Ramírez Durand, que tomó la jefatura máxima de Sendero tras la captura de Guzmán en 1992, paga 24 años desde 1999.