El informe de la Organización de los Estados Americanos sobre el problema de las drogas en la región aspira a ser la materia prima y no la solución para que los países puedan ponerse de acuerdo en la lucha contra los estupefacientes, dijo el secretario general de la OEA José Miguel Insulza.
El informe fue presentado por Insulza y el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Insulza dijo que se trata de un análisis de escenarios posibles, pero sobre todo un "llamado al diálogo sobre estos temas. Estamos a tiempo, tenemos la fuerza para hacerlo, tenemos la disposición a hacerlo… es un intento por buscar una síntesis de la sinergia que nos permita avanzar".
Santos explicó que no se trata de recomendaciones ni pronósticos, "son simples opciones realistas, ajenas a prejuicios y ajenas a dogmas". Para el mandatario colombiano, los países de la región comparten las mismas metas: "Que se disminuyan las muertes, que se disminuya la violencia que provoca el narcotráfico, que se reduzca el consumo de drogas, que se quiten las ganancias a los criminales", afirmo en declaraciones a la prensa. No se permitieron preguntas.
"O sea compartimos un destino común. En lo que a veces diferimos es en el cómo (frenar esos problemas)… y este informe nos va a ayudar a cómo ponernos de acuerdo", destacó.
Aunque el documento de la OEA no toca uno de los asuntos más sensibles y debatidos como es si se debe o no legalizar completamente el consumo de cocaína y marihuana, por ejemplo, en su análisis sí menciona que "la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública".
Señaló que las "medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad".
Santos advirtió que "aquí nadie está defendiendo ninguna postura ni la legalización, ni la regulación, ni la guerra a cualquier precio. Lo que queremos, lo que tenemos que hacer es usar estudios serios y ponderados como el que hoy nos presenta la OEA para encontrar mejores soluciones".
El estudio fue elaborado por mandato de los jefes de Estado de la región y tuvo un costo de 2,2 millones de dólares, aportados por varios países de la región y organismos financieros internacionales. La Organización plantea cuatro posibles escenarios de aquí a 2025 sobre el problema de las drogas. Uno de esos escenarios identifica el asunto del uso de estupefacientes y el régimen legal de cada país, en los que en general se imponen "sanciones penales (especialmente arrestos y encarcelamiento), que se estima están causando demasiado daño".
Los objetivos planteados en el informe son mejores políticas de drogas, que los recursos para el control de drogas y usuarios de drogas se reasignen para la prevención y el tratamiento, la eliminación de algunos mercados y ganancias del crimen mediante la regulación.
Ante la ausencia de claras recomendaciones en el informe, jefe de gabinete de la OEA Hugo de Zuela dijo que no las había "porque nadie se las ha pedido".
Lo que los jefes de Estado "pidieron (a la OEA) es que haga un estudio y un análisis del problema de las drogas, pero nadie le pidió que recomiende opciones de política. Es un poco presuntuoso decirle a los presidentes lo que tienen que hacer", indicó.
Para Carmen Masias, presidenta de la comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el informe favorece que otros países sigan la política que ya aplica Perú, que no penaliza el consumo.
Pero en Bolivia, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, dejó entrever las divergencias que hay en la región. "Nosotros no somos parte de esta nueva corriente que está surgiendo a favor de flexibilizar el uso de algunos psicotrópicos", dijo. Señaló que la política de su país es que "la coca en su estado natural no es droga. Pero no vamos a flexibilizar nuestra posición en la lucha contra las drogas", dijo.
En la vecina Venezuela, señalada por Washington de ser uno de los principales puentes de tráfico de droga en la región, el abogado criminalista Luis Izquiel, asesor en materia de seguridad del bloque de oposición, destacó que debe debatirse el asunto porque entre otros temas, el narcotráfico es visto como uno de los principales motores de la criminalidad que afecta a su país. "Aquí el consumo de drogas es enorme y la mayoría de los delincuentes están en eso", dijo Izquiel.
El actual gobernador del estado central venezolano de Aragua y ex ministro del Interior, Tareck el Aissami, ha expresado que no hay en el gobierno de Caracas ninguna iniciativa para impulsar la despenalización.
Los gobiernos de la región tendrán la primera oportunidad de comentar el informe cuando se reúnan en junio durante la Asamblea General de la OEA en Antigua, Guatemala, la cual tendrá como tema central la reevaluación de las estrategias antidrogas. Pero es poco probable que la declaración de Antigua incluya un análisis profundo del informe Insulza puesto que las negociaciones sobre el texto van bastante adelantadas.
En Estados Unidos, los votantes en los estados de Colorado y Washington decidieron en noviembre legalizar la marihuana para uso recreativo, pese a que la ley federal y el resto del país la siguen prohibiendo.
El presidente uruguayo José Mujica, un ex guerrillero izquierdista, ha impulsado en los últimos meses un plan para poner al gobierno a cargo de las ventas de marihuana, además de otras leyes liberales como la despenalización del aborto y la aprobación de matrimonios homosexuales.
"Nunca antes una organización multilateral se embarcó en una análisis tan inclusivo e intelectualmente legítimo sobre las opciones de una política de drogas. De hecho, era inconcebible hace solamente dos años que la OEA, o cualquier otra organización multilateral, publicara un documento que considerara la legalización", dijo en un comunicado Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la no gubernamental Alianza de Política de Drogas, en Estados Unidos./AP