EFE
La Procuraduría Anticorrupción de Perú investiga más de 21.000 casos de presunta corrupción en el país, la mayoría de ellos cometidos por funcionarios municipales, informó hoy el procurador anticorrupción, Christian Salas.
"Nuestros procuradores están trabajando para determinar si existen o no responsabilidades. Las municipalidades tienen disponibilidad de fondos y hemos visto casos de malversación, colusión y peculado (mal uso de fondos públicos)", declaró Salas a la agencia oficial Andina.
Salas dijo que ha solicitado a las oficinas de la Procuraduría a nivel nacional que remitan a Lima sus investigaciones en los casos más relevantes, para seguirlos de forma coordinada y tener mayor eficacia en la lucha contra la corrupción.
"Desde Lima no podemos litigar el cien por ciento de los casos de corrupción que hay en todo Perú, que son más de 21.000, pero en los casos más complejos podemos ayudar en estrategias legales y acciones", reiteró.
El funcionario señaló que en la región Ayacucho, en el sur del país, se han reportado unos 1.200 casos, la cifra más alta entre las 25 regiones del país.
Agregó que solo el tres por ciento del total comprende a autoridades y trabajadores de gobiernos regionales, ya que la mayoría de las denuncias son contra funcionarios de municipios de provincias y distritos del país.
El procurador puso de ejemplo el caso de Ayacucho, donde se ha contratado más abogados para mejorar el trabajo de la Procuraduría y se hace un seguimiento a procesos judiciales como el que se ha iniciado contra el presidente regional, Wilfredo Oscorima, por la denuncia de una presunta adquisición irregular de maquinaria por 20 millones de soles (7,1 millones de dólares).
"También estamos viendo las denuncias que comprenden a diversos funcionarios provinciales, distritales y de la Universidad de Huamanga por una sobrevaloración de vehículos en la que estarían involucrados algunos trabajadores que hemos denunciado", concluyó.
La Procuraduría Anticorrupción adquirió gran relevancia en Perú a partir de los procesos contra la red de corrupción montada durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) y su asesor Vladimiro Montesinos, quienes cumplen condenas de hasta 25 años de cárcel por diversos delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
2014-06-14