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La jueza Ericka Aifán ordenó la medida luego de que su defensa alegara que el hombre padece problemas de salud sin especificar cuáles son. La defensa de su mujer e hija (también condenadas) trató de que ellas también fueran liberadas bajo el mismo argumento, pero permanecerán detenidas hasta que un juez indique lo contrario.
Aifán dijo que no hay peligro de fuga de Igor Bitkov pero le prohibió abandonar el país y lo obligó a asistir cada ocho días a la fiscalía para asegurar su permanencia en la nación.
Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastacia Bitkova fueron juzgados y condenados por un tribunal (a 19 años el hombre y a 14 años cada una de las mujeres) por haber utilizado una red criminal que operaba dentro de la Dirección de Migración y el Registro Nacional de Personas en Guatemala. Tras su detención en 2015, la familia Bitkov dijo ser perseguida política en Rusia pero no presentó evidencias de ello.
La Corte de Constitucionalidad anuló la condena para Igor Bitkov, aduciendo que Aifán no fundamentó su decisión y ordenó a ésta resolver de nuevo. Aifán decidió entonces que lgor Bitkov debía enfrentar a la justicia, esta vez fundamentándolo, pero una sala de la Corte de Apelaciones anuló su nueva resolución ordenándole que lo libere tras asegurar que por ser migrante debe ser procesado por los delitos cometidos.
Un total de 39 personas, entre integrantes y usuarios de esa red, fueron condenadas. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) colaboró en la investigación de la fiscalía.
El caso de los Bitkov llegó al Senado estadounidense recientemente, donde el republicano Marco Rubio pidió la retención de seis millones de dólares de financiamiento para la CICIG aduciendo que la comisión financiada principalmente por Estados Unidos “ha sido manipulada y utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov en Guatemala”.