La Corte Suprema de Brasil determinó el cierre formal de la investigación abierta contra el expresidente Jair Bolsonaro relacionada con el presunto uso irregular de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) a lo largo de su gestión gubernamental.
Según reportó la Agencia Brasil, la Fiscalía sostuvo que los sucesos adjudicados a Bolsonaro ya habían sido analizados e incorporados formalmente como elementos sustanciales dentro de la causa penal por el intento de golpe de Estado, proceso que resultó en septiembre en una sentencia de 27 años de cárcel contra el exjefe de Estado.
Mediante el mismo fallo, el juez Alexandre de Moraes resolvió la clausura de las indagatorias dirigidas hacia Alexandre Ramagem, exdirector de la Abin en la administración de Bolsonaro, bajo el mismo fundamento jurídico. Ramagem cuenta con una condena previa emitida por el Supremo de 16 años de prisión por la trama golpista y actualmente se encuentra en condición de prófugo.
Situación de otros involucrados e investigaciones a la Abin
En la misma decisión judicial, Moraes determinó que las denuncias vinculadas con el expediente denominado "Abin paralela" sobre el resto de los procesados, entre los que figura el concejal Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario, continúen su trámite en la Justicia Federal.
En el informe acusatorio consignado en junio del año pasado, la Policía Federal indicó que Carlos Bolsonaro articuló campañas digitales orientadas a la desinformación y agresiones directas contra el sistema electoral, el propio tribunal Supremo y voceros de la oposición política, señaló Infobae.
Asimismo, Moraes decretó la conclusión de las averiguaciones que recaían sobre la dirección de la Abin nombrada bajo el mandato del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Esta causa penal fue abierta con el propósito de determinar las responsabilidades en torno al uso no autorizado del órgano de inteligencia estatal. De acuerdo con las investigaciones, una red clandestina montada durante el quinquenio de Bolsonaro habría utilizado dicha estructura para intervenir teléfonos y computadoras de personalidades públicas, rivales políticos e integrantes del Supremo.
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