Un juez federal en Texas ordenó la permanencia en prisión preventiva sin derecho a fianza para Wilber Garcés, el ciudadano venezolano de 28 años herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 20 de septiembre en Austin.
La resolución se produjo durante la audiencia inicial celebrada este miércoles, luego de que el Gobierno de Estados Unidos presentara cargos penales en su contra por presunta agresión, resistencia e interferencia a un funcionario federal, imputación que acarrearía hasta 20 años de prisión de ser hallado culpable. El tribunal dio paso a la solicitud de la fiscalía, que catalogó al joven repartidor de alimentos como un riesgo de fuga.
Denuncian represalias y negligencia médica
Al término de la sesión, los abogados defensores Kate Lincoln-Goldfinch y Danny Woodward rechazaron la medida y denunciaron que la acusación busca encubrir la actuación policial. "Forma parte de un patrón del Gobierno para tomar represalias contra las personas que cuestionan las acciones de los agentes federales", afirmó Lincoln-Goldfinch.
La defensa reiteró la gravedad de la situación médica del migrante, señalando que acumula diez días bajo custodia con el proyectil aún alojado en la espalda. "El Gobierno sigue jugando con la vida de nuestro cliente. Se le ha negado la fianza y la asistencia médica urgente y necesaria. Es su responsabilidad garantizar que reciba la cirugía que requiere para recuperarse", enfatizó Woodward.
Versiones encontradas tras el procedimiento
El suceso ocurrió el 20 de septiembre tras una detención vehicular en el norte de Austin mientras Garcés se desempeñaba como repartidor. La fiscalía sostiene que el joven intentó embestir con su vehículo a un oficial, propiciando el disparo. La defensa desmiente esa versión y asegura que el joven se encontraba detenido cuando recibió la bala por la espalda.
Garcés había ingresado a territorio estadounidense en diciembre de 2023 mediante la plataforma CBP One y contaba con una solicitud de asilo. No obstante, un juez de migración emitió en su momento una orden de deportación en ausencia al no presentarse a una citación.
Repunte de cargos por resistencia a agentes
El caso se produce en medio de un repunte en las imputaciones federales hacia civiles por presunta resistencia o agresión a funcionarios. Durante el año fiscal 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitió 274 casos bajo este cargo, la cifra más alta registrada desde la fundación del departamento, según datos recopilados por la organización Project For Government Oversight.
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