El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda civil ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California contra la ciudad de San José y su Departamento de Policía. Las autoridades federales acusan a la administración local de imponer tarifas abusivas e inconstitucionales a los ciudadanos que solicitan licencias para el porte oculto de armas de fuego, según lo reseñó De último Minuto.
Tarifas para licencias de armas
En junio pasado, el Concejo Municipal de San José elevó la tasa de solicitud a 1.591 dólares. Esta cifra ubica a la localidad como el municipio con la tarifa más alta de todo el territorio estadounidense para este tipo de trámite. La normativa municipal exige el pago inicial del 20 % del monto total (318 dólares) al entregar la solicitud, mientras que el solicitante debe saldar el resto (1.273 dólares) cuando la policía aprueba la licencia.
Demanda federal
La demanda federal sostiene que este pago distorsiona el derecho constitucional a la legítima defensa y vulnera la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Según el escrito de la Fiscalía, la tasa convierte una garantía constitucional en un privilegio reservado para personas de alto poder adquisitivo, lo que deja sin acceso a la población de clase media y de bajos recursos, según lo informó De Último Minuto.
Postura del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia respaldó su postura en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen del año 2022. Aquella decisión advirtió de forma explícita que la fijación de tarifas desmedidas o exorbitantes por parte de las autoridades locales invalida los esquemas de permisos para el porte de armas.
Precio promedio
La Fiscal General Adjunta, Harmeet K. Dhillon, adscrita a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, cuestionó de manera drástica el costo del permiso. Dhillon señaló que la tarifa supera en varias veces el precio promedio del propio objeto en el mercado de armas. Asimismo, la funcionaria recalcó que la Constitución protege el derecho de los ciudadanos a portar armas y que la administración pública no puede utilizar cobros inflados para impedir de forma indirecta el ejercicio de esta libertad, según lo destacó De Último Minuto.
San José, California
El expediente judicial compara a la ciudad de San José con otras grandes metrópolis del país. Ciudades con regulaciones estrictas como Nueva York, Washington D.C., Boston y Chicago cobran valores que representan solo una fracción del precio establecido en San José. De igual forma, condados y ciudades vecinas dentro de la misma región de California aplican cobros mucho menores. San Francisco fija la tasa en 144 dólares, Berkeley cobra 255 dólares por la solicitud inicial y 325 dólares tras la aprobación, mientras que el condado de Santa Clara tramita el permiso por un costo total de 976 dólares.
Evaluaciones psicológicas
Además del pago monetario por el expediente, el Departamento de Justicia refutó el requisito local que obliga a los solicitantes a someterse a evaluaciones psicológicas pagadas de su propio bolsillo. El gobierno federal enfatizó que la ciudad deriva a los ciudadanos con psicólogos autorizados que no tienen topes en sus honorarios, lo que añade un costo impredecible y arbitrario a la lista de exigencias, según puntualizó De Último Minuto.
"Costo del proceso operativo"
Por su parte, la procuradora de la ciudad de San José, Susana Alcalá Wood, defendió el cálculo de la tarifa mediante una carta formal. La funcionaria municipal argumentó que el monto refleja el costo real del proceso operativo. Según el municipio, el trámite implica un promedio de 6.5 horas de trabajo del personal policial (equivalente a más de 1.200 dólares en horas de trabajo) sumado a unos 350 dólares por gastos administrativos e indirectos. Alcalá Wood aseveró que la ciudad no genera ganancias con este cobro y que cumple con las leyes del estado de California.
La demanda busca que el tribunal federal dicte una orden de restricción que invalide la estructura tarifaria actual de San José y obligue al Departamento de Policía local a fijar montos acordes a los parámetros constitucionales del país, según lo detalló De Último Minuto.
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