EFE
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, descartó este jueves que la decisión del Gobierno de no acoger las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cause alguna acción contra el país andino.
"No, creo que ninguna", dijo Holguín a periodistas al comentar la posibilidad de una medida contra Colombia por el caso de Petro.
Holguín basó su consideración en que la CIDH hizo "recomendaciones" que no fueron acogidas por el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, porque Petro tuvo todas las oportunidades de defender sus derechos políticos en los tribunales de Colombia.
"Las medidas cautelares no están dentro de la Convención de San José (sobre Derechos Humanos), la cual nosotros firmamos", señaló la jefa de la diplomacia colombiana.
El presidente Santos anunció el miércoles el acatamiento a la orden de destitución e inhabilitación por 15 años de Petro que había sido ordenada el pasado 9 de diciembre por la Procuraduría General por la crisis de las basuras en Bogotá en diciembre de 2012.
Según la Constitución colombiana, la Procuraduría General ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.
Holguín señaló igualmente que las relaciones de Colombia con la CIDH "quedan bien" luego de ese caso y recordó que el país siempre ha aceptado las medidas cautelares cuando la vida o la integridad del afectado corren riesgo por amenazas.
La canciller dijo, además, que es la primera vez que la CIDH pide al país medidas cautelares en un caso de derechos políticos y aseguró "que la justicia del Estado colombiano ha dado respuesta" a todas las solicitudes con las que Petro intentó evitar que se hiciera efectiva la destitución ordenada por la Procuraduría.
Petro fue elegido alcalde por voto popular para el periodo 2012-2015 pero una investigación de la Procuraduría consideró que cometió faltas graves al cambiar de manos privadas a un modelo público el sistema de recolección de basuras de la capital colombiana, lo que durante tres días ocasionó una crisis en ese servicio.
En el caso terció este jueves el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien aseguró en Bogotá que las medidas cautelares de la CIDH también cubren derechos políticos, como los invocados por Petro.
"Quien interpreta la Convención Americana y quien interpreta las medidas cautelares de la Comisión no es la canciller de Colombia, ni el canciller de Venezuela o de Ecuador, es la Comisión Interamericana la que interpreta por qué está otorgando estas medidas y en qué circunstancias proceden", dijo Vivanco.
Jueves 20/03/2014