DPA
La ministra de Defensa de Ecuador, María Fernanda Espinosa, dijo hoy que las Fuerzas Armadas resguardaron la paz y la seguridad de los ecuatorianos en la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010, refutando enérgicamente declaraciones en contrario del asambleísta de la oposición Cléver Jiménez.
Espinosa calificó las afirmaciones de Jiménez como "maliciosas y temerarias", porque el político denunció que fue el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien dio directamente la orden para ser liberado de un hospital policial en donde estuvo retenido por horas, durante la revuelta.
"Declaraciones malintencionadas y llenas de odio como las del asambleísta Jiménez lo que ameritan es un rechazo rotundo no solo de las Fuerzas Armadas, sino de todo el pueblo ecuatoriano, que fue víctima de los intentos golpistas de unos cuantos", señaló la ministra de Defensa de Ecuador, en una entrevista que publica hoy el periódico oficialista "El Telégrafo".
Cléver Jimenez y su asesor Fernando Villavicencio fueron sentenciados por una corte de Quito la semana anterior a prisión de 18 meses y al pago de una multa de más de 100.000 dólares en un proceso planteado por el presidente Correa por delito de injurias.
El dirigente sindical Carlos Figueroa fue sentenciado a seis meses de cárcel y a compartir la indemnización. Los tres sancionados acusaron al mandatario de genocidio por los hechos policiales del 2010, frente a lo cual Correa los contrademandó.
Los sentenciados anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en búsqueda de protección.
La Relatoría sobre la Libertad de Expresión de la CIDH emitió hoy un boletín en Washington, en el que señala su preocupación por el caso y recuerda que desde hace una década el organismo se pronunció señalando que "la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión".
El 30 de septiembre de 2010, la policía de Ecuador protagonizó un alzamiento en reclamo de beneficios sociales, que derivó en la retención del presidente Correa en un hospital policial, del que fue liberado por la fuerza militar. El incidente dejó cinco muertos y decenas de heridos.
El hecho que fue condenado mundialmente aún se ventila en más de una decena de procesos en las cortes ecuatorianas y en una comisión especial creada por el mandatario ecuatoriano.