La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este lunes una ley que vetará las candidaturas de aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional y/o aplaudan la imposición de sanciones internacionales contra el Estado y sus ciudadanos.
La "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz" se aprobó con carácter urgente con 70 votos de los legisladores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, por 14 que votaron en contra y 5 abstenciones.
El diputado opositor Maximino Rodríguez denunció que esa ley "discrimina a los nicaragüenses sólo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante".
¿QUIÉNES SERÁN INHIBIDOS?
La ley, compuesta por dos artículos, establece que "los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación", no podrán optar a cargos de elección popular.
Tampoco los que "inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones".
Además, quedarán inhabilitados a optar a cargos de elección popular "aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico".
LA DEFENSA SANDINISTA
El presidente del Congreso, el oficialista Gustavo Porras, defendió esa ley y sostuvo que la misma está fundamentada en el artículo 1 de la Constitución, que se refiere a que "la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense".
El jefe del grupo parlamentario del FSLN, Edwin Castro, dijo, por su lado, que la ley está acorde al sistema jurídico constitucional, y refirió que el artículo 147 de la Constitución Política señala la prohibición de optar a la presidencia de la República a todo nicaragüense que encabece, o financie un golpe de Estado, que altere el orden constitucional.
EFE
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