La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la imposición de nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, bajo el argumento de que una investigación determinó "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".
La medida, dada a conocer por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, llega a pocas horas de que expire este viernes por la mañana el arancel global temporal del 10 % que Washington aplicaba hasta ahora. Con esta decisión, el Gobierno busca sustituir dicho gravamen temporal y abrir una nueva fase en la estrategia comercial emprendida por Trump desde abril de 2025.
El paquete tarifario establece un arancel adicional del 10 % para 17 economías y del 12,5 % para otras, mientras que para un grupo de socios comerciales las tasas variarán según el tipo de producto.
En América Latina, la disposición alcanza a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que deberán asumir un arancel adicional del 10 %. Por su parte, Costa Rica, Panamá y República Dominicana quedarán sujetos a un gravamen del 12,5 %.
A los 27 países de la Unión Europea se les aplica un arancel conjunto del 10 %. La lista de afectados incluye también a India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá y el Reino Unido, con variaciones de tasa en función del origen y del producto importado. China no aparece en el listado por contar con un esquema de aranceles específicos y superiores.
Los nuevos gravámenes son resultado de una serie de investigaciones iniciadas en marzo por la oficina de Greer al amparo de la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. Las pesquisas buscaban evaluar si las políticas de esos países frente a la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso perjudican a los trabajadores y a la industria de Estados Unidos. Tras las indagaciones y consultas con los Gobiernos involucrados, Washington concluyó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales.
La política tarifaria de Trump ha estado marcada por una disputa legal sobre los límites del poder ejecutivo para fijar gravámenes al comercio exterior. Luego de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, el Gobierno recurrió en febrero a un arancel temporal respaldado en la Sección 301, vía legal a la que vuelve a recurrir para sostener su agenda económica.
Con información de EFE
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