El Comité de Vivienda del Concejo Municipal de Chicago ha dado un paso importante al aprobar la ordenanza Protecting Renters Ordinance (PRO) con un ajustado resultado de 12 votos a favor y 9 en contra.
Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del alcalde Brandon Johnson, tiene como objetivo implementar un control más estricto sobre las propiedades en alquiler, eliminar costos ocultos para los inquilinos y aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario.
Sin embargo, aunque este proyecto es un avance significativo, todavía no se ha convertido en ley, ya que necesita la aprobación final del Concejo Municipal en las próximas sesiones.
Regulaciones y tarifas: ¿Qué cambios trae consigo esta medida en Chicago?
La propuesta incluye la creación de un registro oficial para más de 500.000 unidades de alquiler en la ciudad.
Según informa Univision Chicago, los propietarios deberán pagar una tarifa anual de $20 por cada unidad en renta, dinero que se destinará a financiar inspecciones y asegurar que se cumpla con el código de vivienda.
Entre sus puntos centrales, la norma busca:
Eliminar cargos adicionales injustificados: prohíbe comisiones sorpresa y exige claridad total en los contratos.
- Aumentar la transparencia: ayuda a identificar a corporaciones o entidades de responsabilidad limitada (LLC) detrás de los inmuebles.
- Facilitar la mediación: otorga herramientas a los arrendatarios para presentar quejas e impulsa una oficina de mediación de disputas.
Para lograr el consenso necesario en el comité, la alcaldía flexibilizó ciertos puntos. El texto ajustado exime a los edificios de hasta seis unidades cuando el dueño reside en el mismo inmueble y eliminó restricciones severas sobre renovaciones y pagos de reubicación.
Un debate abierto sobre alternativas en el concejo de Chicago
El avance de esta propuesta ha desatado un intenso debate entre las autoridades y los grupos del sector inmobiliario.
Varios líderes comunitarios han señalado que la falta de información actual complica la tarea de contactar a los propietarios reales cuando surgen violaciones a los derechos de los inquilinos.
Mientras tanto, el concejal Gilbert Villegas está impulsando una propuesta alternativa llamada FAIR.
Este proyecto competidor también contempla un registro de propiedades, pero elimina el pago anual de $20 por unidad y establece requisitos más sencillos para los pequeños arrendadores.
El destino final de estas regulaciones se decidirá cuando la votación llegue al pleno del Concejo Municipal de Chicago.
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