Una comisión del Senado de México propuso el sábado la reforma petrolera más radical en décadas, con la intención de abrir la asediada industria del país, actualmente un monopolio estatal, a las empresas y las inversiones privadas.
La propuesta, que será analizada el domingo por un comité especial del Senado, permitiría al gobierno conceder contratos para exploración y extracción de petróleo y gas natural a gigantes transnacionales como Exxon y Chevron, algo que está prohibido por la Constitución del país desde hace más de siete décadas.
También dice que los contratos pueden hacerse directamente con el estado y no tienen que ser hechos a través de la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, que actualmente tiene el monopolio sobre todo el petróleo.
Otra parte menciona el tema de licencias en que las compañías pagarían regalías e impuestos al gobierno mexicano por los derechos de explorar y taladrar.
En los artículos transitorios de la propuesta se explica que se permitirá reportar a los contratistas privados, para efectos contables y financieros, la asignación o contrato correspondiente y los beneficios esperados, "siempre y cuando afirme que el petróleo y sus derivados, sólidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación".
Eso va más allá de la propuesta presentada originalmente por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto, que sólo incluía acuerdos para compartir ingresos por venta.
Los opositores a la medida dicen que el sistema ha probado, en el pasado, ser un "fracaso total", mientras un analista ve positivo que México le abra la puerta a la inversión privada en el sector.
La industria petrolera en México enfrenta dificultades para mantener o elevar la producción de crudo, en parte por la declinación de yacimientos de más fácil acceso. Las autoridades han dicho que ahora se tienen que explotar lugares más complicados como aguas profundas, para lo cual Pemex no tiene la tecnología ni los recursos suficientes para hacerlo.
"Parece una buena propuesta de arranque", dijo George Baker, quien en Houston, Texas, publica el boletín informativo "México Energía Inteligencia". "Hicieron un buen trabajo al aclarar que el licitador tiene derecho comercial sobre la producción, lo que no sabemos es si tendrán derechos totales sobre ella, o sólo parciales".
Las medidas propuestas por el Senado han estado prohibidas desde 1938 cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, que durante décadas ha sido protegida por la Constitución para impedir que compañías extranjeras extraigan petróleo.
"La participación de petroleras privadas ha sido, si se evalúa con calma, un fracaso total", dijo la Senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. "Este dictamen se elaboró en forma secreta, afuera del Senado y el PRD no participación porque anula la nacionalización del petróleo y la electricidad".
En la constitución permanecería prohibido hacer concesiones, que se considera el mayor ejemplo de apertura a petroleras privadas.
La propuesta fue elaborada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente Peña Nieto, y la oposición conservadora, el Partido Acción Nacional (PAN), que quiere una reforma energética tan abierta como sea posible para todo tipo de inversión y opciones de inversión.
Hasta ahora Pemex había permitido contratos en los que se pagaba una cuota por servicios prestados a la paraestatal.
Pero las restricciones constitucionales se han convertido en una camisa de fuerza y han evitado que Pemex crezca, se actualice y sea incapaz de atraer inversión, tecnología y conocimientos que necesita para explotar petróleo en aguas profundas, de acuerdo con fuentes tanto gubernamentales como privadas.
El PRI ha sido más moderado que el PAN, mientras que la izquierda mexicana se ha opuesto al proyecto de ley. En los últimos días la policía tuvo que colocar vallas metálicas para impedir el ingreso al recinto legislativo de cientos de manifestantes.
Las movilizaciones han sido menores que en 2008, cuando el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se opuso a una reforma petrolera. El político estaba convaleciendo de un ataque al corazón sufrido el martes, pero el sábado fue dado de alta.
La producción de crudo en México tuvo en 2004 su mayor pico con la obtención de unos 3,4 millones de barriles diarios en promedio, aunque a partir de 2005 comenzó a declinar para ubicarse actualmente en unos 2,5 millones de barriles al día.
La izquierda se ha opuesto a una reforma en materia constitucional y consideran que para mejorar el sector petrolero sólo bastaría con hacer modificaciones a leyes secundarias para permitir, entre otras cosas, que Pemex tenga más ingresos para invertir.
El Partido de la Revolución Democrática, la principal fuerza de izquierda en el Congreso, ha dicho que no apoyará una modificación constitucional y anunció su salida de un pacto político firmado hace un año con el partido oficialista y Acción Nacional. AP