EFE
Las autoridades del Reino Unido solicitaron información al Gobierno uruguayo sobre la ley que regula la producción, distribución y venta de marihuana, recientemente aprobada en el país suramericano, confirmaron hoy fuentes oficiales.
El prosecretario de la Presidencia uruguaya, Diego Cánepa, que es también presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), mantuvo una videoconferencia con el ministro británico del Interior, Norman Baker, para explicarle los "fundamentos" de la ley y el actual trabajo de "implementación" de la misma, señaló la Presidencia en su página web.
"Es muy saludable que un ministro del Interior de un país amigo como Gran Bretaña se tome el trabajo de interesarse en los fundamentos, la implementación y el impacto que se cree tendrá esta ley", sostuvo Cánepa.
El funcionario dijo que su país no tiene como objetivo transformarse en modelo y señaló que el Gobierno del presidente José Mujica "cree que esta legislación es lo mejor para las condiciones uruguayas".
En la videoconferencia, Cánepa invitó a técnicos británicos a sumarse a expertos locales, primero en el trabajo de implementación, y segundo a través de un grupo internacional que se creará para realizar un análisis de la nueva realidad uruguaya una vez que la ley esté operativa.
La nueva ley, impulsada por Mujica, ha generado polémica a nivel internacional y nacional, al establecer taxativamente el "control y la regulación por parte del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la marihuana y sus derivados".
Mujica ha señalado en varias oportunidades que lo que busca es una "alternativa" para luchar contra el narcotráfico a la vista de que por la vía de la represión "la batalla está perdida en todo el mundo y desde hace tiempo".
La nueva legislación fue aprobada el pasado 10 de diciembre por el Parlamento uruguayo, promulgada dos semanas después por Mujica, y la Junta Nacional de Drogas tiene cuatro meses de plazo a partir del visto bueno legislativo para su regulación antes de la entrada en vigor.
Aunque la norma ha sido recibida con interés en algunas naciones, dos tercios de la ciudadanía uruguaya la rechazan en las encuestas.