AP
Los intentos más recientes del presidente Barack Obama de presionar a los legisladores republicanos para que discutan la reforma de las leyes de inmigración serán contraproducentes y dificultarán la acción, dijo el jueves el presidente de una comisión de la Cámara de Representantes.
El representante republicano Bob Goodlatte, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, criticó la decisión de Obama de postergar una revisión de la política de deportaciones hasta fines del verano. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que querían dar a los republicanos la oportunidad de actuar antes del receso legislativo de agosto y las elecciones de noviembre.
Si no lo hacen, se prevé que Obama tome medidas ejecutivas para limitar las deportaciones, que han alcanzado cifras récord durante su presidencia.
"Cuando el presidente dice que va a imponer un límite de tiempo y luego estudiar la posibilidad de tomar medidas por su cuenta… eso no facilita, sino que dificulta la reforma inmigratoria", dijo Goodlatte durante una audiencia con el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.
Johnson estaba revisando las políticas de deportación del gobierno cuando la Casa Blanca dijo que la demoraría hasta agosto para darle al Congreso tiempo para actuar.
El proyecto sigue empantanado en la cámara baja 11 meses después que el Senado aprobó el suyo, una medida amplia que contempla la seguridad fronteriza y un mecanismo para la naturalización de millones de personas. Las probabilidades de avanzar son cada vez más exiguas incluso para temas particulares, como el ofrecer la ciudadanía a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país pero se integren a las fuerzas armadas.
La Cámara de Representantes votó el jueves sobre una medida relacionada con la inmigración. El representante Steve King, de postura recalcitrante sobre la inmigración, presentó una enmienda a un proyecto de ley de gastos con el fin de exhortar al Departamento de Justicia a gastar cinco millones de dólares para investigar la liberación de inmigrantes declarados culpables de delitos.
La iniciativa fue aprobada con 218 votos a favor y 193 en contra. Los partidarios de la reforma dijeron que la cámara baja no debería votar las medidas punitivas de King porque las iniciativas en materia de inmigración no han sido abordadas.
Johnson estaba en plena revisión cuando la Casa Blanca anunció el aplazamiento.
Si la Cámara no toma una decisión antes del receso anual de agosto, se prevé que Obama tomará medidas limitadas bajo su propia autoridad.
Johnson ha dado escasos indicios sobre sus recomendaciones. Dijo el jueves que un programa para identificar a inmigrantes en situación irregular que están presos en cárceles locales debería recibir un "nuevo impulso".
Pero dijo a los legisladores que el programa llamado Comunidades Seguras, que emplea huellas digitales presentadas al FBI para identificar a inmigrantes susceptibles de ser deportados, no debería ser eliminado.
"Creo que la realidad de donde nos encontramos (Comunidades Seguras) necesita un nuevo impulso", dijo Johnson. "Creo que el programa tiene un objetivo muy digno que se debe mantener".
El programa ha recibido quejas de fuerzas de seguridad locales y un número creciente de gobiernos estatales, condales y municipales ha decidido no participar, a la luz de decisiones judiciales recientes que lo ponen en tela de juicio. Goodlatte calificó al programa de "uno de los mecanismos más eficientes para sacar de Estados Unidos a extranjeros peligrosos".
Johnson también confirmó el jueves que su revisión tiene por fin modificar las prioridades para decidir a qué personas deportar. Las prioridades deben apuntar a quienes sean un peligro para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza, afirmó. Algunos activistas piden medidas más amplias que protejan a grandes grupos de personas de la deportación.
Los republicanos criticaron enérgicamente al secretario tanto por la revisión como por la aplicación discrecional de las leyes de inmigración por parte del gobierno.
Según estadísticas federales difundidas este mes, el Departamento de Seguridad Nacional dejó en libertad el año pasado a 36.007 inmigrantes declarados culpables de algún delito y que enfrentan la deportación, incluidos 193 implicados en homicidios y 426 en agresión sexual. Casi todos estos inmigrantes siguen enfrentando la deportación y están obligados a presentarse ante las autoridades migratorias en lo que se resuelve su situación.
Goodlatte dijo que Johnson no es responsable de decisiones "peligrosas e irresponsables" tomadas antes de su nombramiento en diciembre. Pero sostuvo que los estadounidenses han perdido la confianza en el gobierno en cuanto a la aplicación de las leyes de inmigración. Johnson dijo que ha pedido una "comprensión más cabal" de por qué el Departamento liberó a los inmigrantes y prometió seguir colaborando con Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para garantizar la seguridad pública.
Johnson dijo que muchos fueron liberados por orden de un juez o por motivos legales.
2014-05-29