Un Tribunal de apelaciones egipcio rechazó hoy el pedido de excareclación presentado por un activista clave de la revolución de 2011 que culminó con la caída del entonces presidente Hosni Mubarak.
En diciembre, un tribunal condenó a Ahmed Maher, fundador del movimiento juvenil 6 de abril, a tres años de prisión junto con otros dos activistas por celebrar protestas no autorizadas y atacar a la policía en noviembre de 2013.
Maher y sus compañeros Ahmed Douma y Mohammed Adel fueron los primeros en ser encarcelados bajo lo que se conoce como la ley de noviembre, considerada un retroceso a las libertades ganadas en la revolución de 2011.
La decisión del tribunal, que puede ser apelada por la Corte de Casación, fue condenada por importantes figuras de la oposición y de los derechos humanos.
El candidato presidencial izquierdista Hamdeen Sabahy pidió al presidente interino Adly Mansour que indulte a los activistas.
"No es adecuado para Egipto encarcelar a su juventud debido a una ley injusta, mientras que los corruptos y los que mataron a su juventud están libres a causa de las leyes ineficaces", escribió Sabahy en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) dijo que el fallo era "una nueva señal del creciente clima de intolerancia en Egipto a cualquier crítica legítima".
"Los que estaban en la vanguardia de la sublevación 2011 ahora están encarcelados por una simple protesta pacífica", dijo el subdirector de Oriente Medio de AI, Hassiba Hadj Sahraoui. "Deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones", agregó.
En Washington, el Departamento de Estado apuntó que el fallo "va en contra" del compromiso del gobierno egipcio de mantener un ambiente electoral abierto y proteger los "derechos universales" de sus ciudadanos.
"Instamos al gobierno egipcio a ejercer su autoridad constitucional para conmutar las condenas excesivas", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
Los incidentes de noviembre ocurrieron días después de que Mansur promulgara una ley que exige a los organizadores avisar protestas a la policía con tres días de antelación. La policía puede prohibir la manifestación si considera que existe una amenaza a la seguridad pública.
Los activistas se han negado a cumplir con la ley de protesta alegando que era un ataque a las libertades civiles.
dpa