EFE
El Departamento de Estado incluyó hoy a Venezuela en la "lista negra" de países que no cumplen con los estándares contra el tráfico de personas, rebajó de categoría a Colombia y subió a Chile al primer nivel de la clasificación.
La relación de 189 países en cuatro categorías, dependiendo de su nivel de cumplimiento con la Ley de Protección a las Víctimas de Tráfico (TVPA, por su sigla en inglés), se hizo pública hoy durante la presentación del informe anual sobre tráfico y trata de personas, que va ya por su décimo cuarta edición.
Venezuela forma parte de una "lista negra" integrada por 23 países, entre ellos Cuba, Rusia, Arabia Saudí, Corea del Norte, Irán, Tailandia y Malasia.
Colombia cayó de la primera categoría, integrada por aquellos países que cumplen plenamente con la TVPA a la segunda, mientras que Chile subió del segundo al primer nivel, en el que aparecen también Canadá, Estados Unidos, Francia y Nicaragua, entre otros.
El informe se presentó durante un acto en el Departamento de Estado en el que participó el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, y diez supervivientes del tráfico de personas, entre ellos la peruana Jhinna Pinchi, que enfrentó a sus captores en los tribunales.
"Según cálculos conservadores, más de 20 millones de personas son víctimas de la trata humana y EE.UU. es el primero en reconocer que ningún Gobierno hace lo suficiente", afirmó Kerry, quien calificó el problema como una forma de esclavitud y un acto criminal con el que los explotadores ganan más de 150.000 millones de dólares anuales.
Con la inclusión en la "lista negra", países como Venezuela quedan sujetos a posibles sanciones, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa de EE.UU. a que reciban préstamos de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, según dicta la ley estadounidense.
Luis CdeBaca, embajador especial de EE.UU. para vigilar y combatir el tráfico de personas, subrayó en una rueda de prensa telefónica que la revisión a la baja del estatus de Colombia es "más notable", si cabe, que la inclusión de Venezuela en la lista negra.
CdeBaca recordó que Colombia había formado parte del primer nivel "durante muchos años consecutivos" y explicó que la rebaja obedece a que el país se concentró en la trata internacional de personas y descuidó los casos de abusos a nivel interno.
El funcionario lamentó, por lo demás, la ausencia de esfuerzos por parte de Venezuela para luchar contra el tráfico de personas y destacó, en ese sentido, que no existe "un mecanismo formal" en el país para identificar a las víctimas ni refugios para ellas.
"Las ONG y organizaciones internacionales están haciendo todo el trabajo" en Venezuela, afirmó el embajador extraordinario contra el tráfico de personas.
"Hago un llamamiento a Venezuela para que redoble sus esfuerzos y se involucre en el cuidado de las víctimas", afirmó el embajador.
El informe señala que Venezuela ofrece exámenes psicológicos y médicos a las víctimas de crímenes violentos, pero subraya la carencia de servicios adicionales como asistencia legal, formación profesional y asistencia para la reintegración social.
El reporte apunta, también, que el Gobierno venezolano no ofrece información sobre si los estamentos oficiales animan a las víctimas a cooperar en la persecución de los infractores.
En el caso de Colombia, el estudio apunta que los grupos más vulnerables son los de desplazados internos, así como los afrocolombianos, los indígenas y las personas que viven en zonas donde existen bandas criminales.
El informe recuerda que el tráfico sexual en las áreas mineras involucra en ocasiones a grupos criminales.
El Departamento de Estado recomendó al país ofrecer a un número mayor de víctimas acceso a servicios especializados con la dotación de más fondos para los refugios y la reintegración social.
EE.UU. sugiere también a Colombia la mejora de la identificación, investigación y enjuiciamiento en los casos de tráfico sexual y trabajos forzados dentro del país.
En el caso chileno, Washington anima al país a seguir redoblando los esfuerzos "para investigar y perseguir todas las formas de tráfico humano", castigar a los responsables y ampliar el acceso de las víctimas a una amplia gama de servicios.