Redacción 2001.com.ve| Miguelangel Caballero
El primero de mayo es la fecha en la que el movimiento obrero mundial celebra las conquistas obtenidas en defensa de los derechos laborales. Reivindicaciones laborales como: el derecho al trabajo, la libertad sindical, la estabilidad del empleo, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y el derecho a un salario justo son algunas de la deudas que mantiene el Estado venezolano con los ciudadanos, esto a pesar de que la última cifra oficial de desempleo informada por el ministro de planificación, Ricardo Menéndez se ubicó en 6,7% en 2015.
El artículo 91 constitucional establece: "todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica", aunque el salario mínimo actual parece no cumplir con lo establecido en la Carta Magna.
Desde el 07 de julio del 2000, seis meses después de promulgada la Constitución, el Ejecutivo nacional ha decretado de forma unilateral 33 aumentos del salario mínimo, pese a esto el poder adquisitivo de los venezolanos ha ido en descenso, afectado principalmente por la inestabilidad económica, la poca producción nacional y la creciente aumento de precios y el desabastecimientos de alimentos de la cesta básica.
Hay que considerar que la inflación cerró, en diciembre de 2015, en la cifra récord de 180,9% con un aumento considerable en rubros como: transporte (37,0%), alimentos y bebidas no alcohólicas (42,2%), y restaurantes y hoteles (46,6%) y un preocupante declive en el Producto Interno Bruto (PIB) de 5,7%. Este incremento es superior al 80% reportado en el año 1992, durante el plan de ajustes del gobierno de Carlos Andrés Pérez, dejando atrás al 103% reflejado en 1996 en el marco de la aplicación del programa "Agenda Venezuela", de la mano del ex presidente Rafael Caldera.
A pesar de que el bono de alimentación también fue modificado, esto no ha tenido gran incidencia en el poder de compra del venezolano, que afectado por la escasez de productos de la cesta básica ya no busca los productos en los supermercados y canales regulares sino en el mercado alterno o con los así denominados "bachaqueros" a quienes se les cancela en efectivo y a un precio muy superior al establecido por el Gobierno. Otra razón por la cual el beneficio queda en el rezago, es que en la mayoría de los casos son depositados en tarjetas electrónicas que no permiten hacer efectivo el bono y tampoco pueden ser usadas en las redes de distribución de alimentos que el Gobierno instala en las zonas más populares del país: allí también se debe cancelar en efectivo.
Poder de compra del venezolano
A partir del mes de diciembre de 2007 el Banco Central de Venezuela (BCV), empezó a publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), indicador que permite medir el incremento de los precios de 281 bienes y 81 servicios que componen la canasta básica del venezolano, según publicaciones hechas por el BCV.
Es entonces el incremento de los precios de los bienes y servicios expresados en el INPC lo que nos permite comprobar cómo los 20 aumentos salariales hechos desde entonces han ido perdiendo la batalla frente a la inflación: las caídas del poder adquisitivo, entre 2007 y 2012, oscilaron entre el 5% y 20%. En el año 2012 con un sueldo de 1.223,89 la capacidad de compra disminuyó un promedio de 17,5% con respecto al año 2011, en respuesta a ello el Gobierno nacional realizó en 2013 tres aumentos del salario mínimo y tres más en 2014.
Durante el año 2015, aunque fueron decretados cuatro aumentos salariales, el poder de compra también se vio afectado: el primer incremento se dio en febrero y para el mes de mayo había caído en un 15,37%; segundo ajuste de Bs. 6.746,98 en sólo un mes cayó en 19%; el tercer decreto entró en vigencia en el mes de julio con Bs. 7.421,68 pero su poder de compra bajó en un 31%; el cuarto ajuste llegó a BS. 9.648,18% pero al cierre del mes de diciembre de depreció en un 29,74%.
Aunque no fue posible calcular la caída del salario en el mes de abril de 2016, debido a que el BCV no ha publicado las estadísticas de inflación del primes trimestre del año, cifras extraoficiales indican que el poder de compra del salario ha caído en más de 45%.
Henkel García, analista financiero y director de Econométrica, explica que el "poder de compra del salario depende muy poco de lo que nominalmente pueda aumentar el Gobierno. Va a depender más de la cantidad de oferta de bienes que haya de la economía”, pues lo que más afecta el bolsillo de los trabajadores es la caída en los niveles de producción de bienes y servicios.
Destacó que el aumento nominal del salario "se ve diluido por la inflación en poco tiempo, porque está respondiendo a los niveles de productividad y la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía nacional" los ajustes salariales incluso permiten que los precios de los productos suban rápidamente.
García considera que la única forma de garantizar un salario que cubra la canasta básica, es con un "sistema económico que fomente la producción, la creación de empresas y la libre competencia", no con una economía "con cuellos de botella en la producción y distribución" de los productos.
Decisiones arbitrarias
El abogado y experto en asuntos laborales, Héctor Valles criticó la forma "arbitraria" en la que el Gobierno realiza los aumentos salariales, pues antes de la Constitución de 1999 estos ajustes se discutían en un Comisión Tripartita (Sector privado, gremios sindicales y el Estado) para llegar a acuerdos en beneficio de todas las partes. En cuanto al aumento de bono de alimentación alertó que aunque no tiene un impacto en los pasivos laborales, pero sí afecta a las empresas considerando el entorno de incertidumbre económica en la que se encuentra el país.
Al consultarle si el salario mínimo debe ser cónsono con el costo de la canasta básica familiar, que según cifras del Cendas se ubica en más de 203 mil bolívares, Valles respondió: "si el Gobierno implantará un salario acorde con la cesta básica todas la empresas cerrarían, no hay empresa que resista eso".
Los trabajadores venezolanos y sus derechos
Inti Rodríguez, coordinador de investigación en Provea, considera que el Estado venezolano aún está en deuda con las reivindicaciones laborales de los trabajadores. Reconoce la disposición que ha tenido el Ejecutivo nacional en los últimos 17 años al ser consecuente realizando anualmente los ajustes salariales, pero estos, dijo, no están acorde con las necesidades de los trabajadores.
Calificó como una medida "regresiva" el aumento del bono de alimentación, incluso por encima del salario mínimo, porque esto es muy similar a la "bonificación del salario" denunciada por los gremios sindicales y defensores de derechos humanos en los años 90. "Esto tiene un impacto negativo en el cálculo de las prestaciones sociales y utilidades” y otros derechos laborales de los trabajadores, agregó.
Rodríguez cree que se ha dado un paso atrás en la conquista de la "salarización de los bonos" que en el pasado llegaron a ser superiores a lo devengado por los empleados por concepto de salario mínimo. Criticó también la reforma tributaria que ha hecho el Gobierno en materia de Impuesto Sobre la Renta que compromete a los trabajadores que ganan un poco más del sueldo mínimo a pagar impuestos que van en detrimento de sus ingresos, caso muy similar al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que hace "pagar por igual tanto a ricos como a pobres".
Coincide en que la forma en que el Gobierno realiza los ajustes salariales no es la más indicada, ya que la discusión sobre el tema debe darse en el marco de un consenso entre: empleadores, trabajadores y estado.
Luchas Sindicales
El defensor de derechos humanos, también informó que actualmente hay contrataciones colectivas vencidas que no han sido renovadas, y otras que fueron discutidas y aprobadas sobre todo con empleadores del sector público, que no se están respetando.
Denunció que hay serias amenazas a la libertad y al ejercicio sindical por la injerencia patronal del Estado en el funcionamiento de los sindicatos con la creación del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, el tutelaje del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los procesos de elección sindical y "la proliferación, auspiciada por el Gobierno, en la creación de organizaciones paralelas para desconocer la legitimidad de los sindicatos críticos a la gestión patronal.
Agregó que en Venezuela más de 150 dirigentes sindicales y trabajadores han sido sometidos a procesos penales por haber participado en asambleas y huelgas exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales. Aunque el Gobierno se autodenomina "obrerista" en la práctica son más frecuentes "las amenazas contra trabajadores, organizaciones sindicales y quienes participan en procesos en defensa de sus derechos" y el Estado sigue incumpliendo con su obligaciones en materia de derechos laborales suscritas en la Constitución, como en los pactos internacionales a los que el país se ha adherido.
2016-05-01