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El 2 de mayo de 2014 Rosmit Mantilla fue detenido por funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional (SEBIN) en su casa en Caracas.
La orden de detención contra él se basa en la acusación de una persona anónima que indica que Rosmit Mantilla había recibido dinero de un grupo de empresarios para financiar las protestas contra el gobierno que en esos momentos estaban teniendo lugar en Caracas.
Durante el registro a su domicilio el mismo día de su detención, los funcionarios del SEBIN afirman haber encontrado panfletos llamando a las protestas contra el gobierno y sobres con dinero. Hecho que tanto Rosmit Mantilla, como su familia, niegan.
De acuerdo a su testimonio, los funcionarios entraron en el dormitorio de Rosmit Mantilla, pusieron dinero en unos sobres y marcaron los sobres con los nombres de las dos plazas de la capital donde grupos de manifestantes, en su mayoría estudiantes, habían instalado campamentos en señal de protesta contra el gobierno.
El Ministerio Público acusa a Rosmit Mantilla de los delitos de instigación pública, intimidación pública, obstaculización de vías, incendio de edificios públicos y privados, daños violentos y asociación para delinquir. Delitos que conllevan una pena máxima de seis años de prisión.
La acusación del Ministerio Público, a la que Amnistía Internacional tuvo acceso, se basa en un testimonio anónimo y en las evidencias que el SEBIN indica haber encontrado en la residencia de Rosmit Mantilla. Amnistía Internacional considera que hasta la fecha el Ministerio Público no ha presentado evidencias fehacientes que vinculen a Rosmit Mantilla con los delitos que se le imputan.
Por ejemplo, de acuerdo al informe del Ministerio Público, las autoridades basan su acusación por los delitos de instigación, incendio de edificios públicos y privados y daños violentos, en el hecho de que Rosmit Mantilla, de acuerdo a la versión del SEBIN, tenía en su posesión panfletos llamando a las protestas estudiantiles contra el gobierno.
Las protestas que se llevaron a cabo en contra y a favor del gobierno entre febrero y julio de 2014, resultaron en al menos 43 muertes y 878 personas heridas. Además, 3.300 personas fueron detenidas, de ellas, la gran mayoría fueron liberadas aunque algunas de ellas enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en actos violentos durante las protestas.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo más de 30, siguen en detención preventiva a la espera de juicio.
El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha analizado dos de estos casos y determinado que están siendo detenidos arbitrariamente y solicitado su liberación inmediata. Haciendo eco a este llamado, el Alto Comisionado de Derechos Humanos ha llamado a las autoridades venezolanas a liberar a todos aquellos detenidos arbitrariamente en el contexto de las protestas.
Amnistía Internacional también se hace eco de estas preocupaciones. Preocupa sobre manera a la organización que la privación de libertad a las más de 30 personas en detención preventiva pudiera estar también políticamente motivada./ amnistiaonline.