La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes dos proyectos de ley que prometen estimular el mercado de alquileres y la construcción de nuevas edificaciones en el país.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, fue el encargado de presentar ambas propuestas, destacando que el objetivo es dar respuestas rápidas en el marco del plan de reconstrucción tras el devastador doblete sísmico del pasado 24 de junio.
El plan para liberar 200.000 viviendas vacías
La AN aprobó el proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, el cual consta de 27 artículos.
El parlamentario detalló que actualmente estiman que hay unas 200.000 viviendas desocupadas que podrían entrar al mercado si se garantiza seguridad jurídica tanto al dueño (arrendador) como al inquilino (arrendatario).
Los cambios clave que introduce esta ley son:
- Canon e indexación libres: El monto del alquiler y su ajuste se acordarán libremente entre las partes. En caso de prórroga, se usará el índice de precios del Banco Central de Venezuela (BCV) para evitar la especulación y proteger el valor del dinero.
- Adiós a los tribunales largos: Se prioriza la "desjudicialización". Las disputas se resolverán por vía rápida mediante mediación y arbitraje, aliviando la carga judicial.
- Depósitos de hasta 3 meses: Se permitirán depósitos en garantía o pólizas de seguro por un máximo de tres meses, con la obligación de devolverlos en 15 días continuos tras finalizar el contrato.
- Zonas de riesgo prohibidas: Queda formalmente prohibido alquilar viviendas en zonas de alto riesgo o en estructuras precarias.
Vuelve el crédito y la construcción privada
Por otra parte, los diputados dieron luz verde en primera discusión al Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
El plan es que el sector privado se sume con fuerza a la Gran Misión Vivienda para atender de inmediato a las más de 10.000 familias damnificadas por el terremoto que hoy se encuentran en refugios escolares.
Para lograr que los constructores vuelvan al ruedo, la reforma plantea:
- Fin a los precios rígidos: Constructor y comprador acordarán libremente mecanismos para ajustar el saldo deudor ante las variaciones de costos de materiales e insumos.
- Más tiempo para construir: Se elimina el límite legal de 24 meses para terminar una obra. El tiempo de ejecución se pactará por mutuo acuerdo.
- Protección al constructor por impago: Si el comprador pasa dos meses consecutivos sin pagar, el promotor podrá rescindir el contrato directamente, sin tener que esperar los 90 días y el papeleo ministerial que exigía la ley anterior.
- La banca vuelve al juego: Se elimina la "responsabilidad solidaria" que antes se le imponía a los bancos que financiaban proyectos. Con esto, se busca que la banca pública y privada reactive los créditos para la construcción sin temor a riesgos regulatorios desproporcionados.
“El equilibrio necesario para que toda la capacidad del Estado, sumada la capacidad privada en construcción de vivienda, se ponga a disposición del plan Venezuela Renace”, sentenció Infante, asegurando que la meta es desalojar las escuelas-campamento en cuestión de semanas para que la gente vuelva a tener un hogar seguro.
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