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La Mesa de la Unidad Democrática rechazó el Plan de Desarrollo de Inversiones del Arco Minero, presentado este pasado viernes por el Gobierno nacional, el cual califican que incurre en perjuicios contra el ecosistema, los recursos del país y los pueblos indígenas, además de representar un acto contra la Carta Magna, según expertos consultados por la bancada opositora.
"Lo que se está haciendo es una vulgar entrega del país en este acto nulo e írrito pues se trata de una negociación que no cuenta con la aprobación constitucional, que no ha sido legitimada por la Asamblea Nacional. Se legalizan el crimen ecológico, el etnocidio y el genocidio que henos venido denunciando", manifestó el diputado Américo De Grazia, de la bancada de la MUD, al referirse a la ceremonia que se realizó durante la fecha en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV).
El parlamentario opositor anunció que la medida será objeto de tratamiento por parte de las comisiones de Energía y Petróleo; Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y Pueblos Indígenas.
"Seguiremos explorando la forma jurídica y legal de frenar todo ese aventurerismo mercantilista y mercenario que hoy pretende entregar nuestra soberanía y patrimonio a empresas trasnacionales, sin cumplir con la normativa constitucional", dijo el también vocero del partido La Causa R (LCR), advirtiendo de los efectos contrarios que deparará a los intereses plegados.
"Los países y las empresas que tengan pacto con la nación al margen de la Constitución se involucran en un acto ilegal e ilegítimo. Ellos saben que, ante los cambios que vienen pronto en Venezuela, a propósito del referendo revocatorio y de la salida definitiva de este régimen, tales actos se pueden declarar írritos e inconstitucionales, y que no representan obligación alguna", aclaró el legislador, agregando que, incluso, factores que estuvieron ligados al oficialismo como los exministros Ana Elisa Osorio y Héctor Navarro han introducido demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
2016-08-06