El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Hernández, hizo referencia al anuncio de un “aumento de salario responsable” hecho por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En entrevista con 2001 resaltó que Rodríguez hizo referencia a un incremento responsable, lo que a su juicio se traduce en buscar las alternativas para incrementar los ingresos de los trabajadores “sin dañar el patrimonio de la empresa y del Estado”.
“Esto quiere decir que están buscando fórmulas, sin dañar el patrimonio de la empresa y del Estado, para mejorar la capacidad inmediata de compra del consumidor”, indicó.
Recalcó que Rodríguez mencionó que en la medida de que ingresen los recursos necesarios al país, se podrán establecer nuevas medidas para continuar esa ruta de mejora de la capacidad adquisitiva del venezolano.
En este sentido, recordó la importancia de controlar la inflación, de lograr que el diferencial cambiario no tenga impactos en la inflación y que se de “una reforma estructural de equilibrio que beneficie en el presente al trabajador y que permita crear generaciones de empleo multifactoriales”.
Ajuste de salario
José Gregorio Hernández precisó que en la actualidad el sector privado enfrentaría un “impacto descomunal” sobre las prestaciones sociales ante la decisión de un ajuste salarial que, aclaró, es una decisión que solo le compete al Estado venezolano.
“Hoy en día, el sector privado, si va a un ajuste de salario el impacto es descomunal sobre las prestaciones sociales y no habría capacidad para pagar esas prestaciones sociales, entonces, le estaríamos creando una falsa ilusión a la masa trabajadora. Nosotros preferimos apoyar una vía de incrementos responsables, a través de las bonificaciones que no solamente deben ser dirigidas a la remuneración directa del trabajador, sino también al condicionamiento del entorno en materia de educación, de recreación”, consideró el experto.
Aclaró que “los bonos no deberían venir para quedarse toda la vida”; sin embargo, consideró que es primordial resolver temas relacionados con la Ley del Trabajo y otras leyes que impactan el sistema de seguridad social.
Ejemplificó que si el Estado decidiera hacer un ajuste de 100 dólares adicionales a lo que percibe la administración pública en la actualidad, necesitaría como unos 8.900 millones de dólares, recursos con los que no cuenta el país, por lo que ve acertado que el incremento se haga de manera responsable y que tampoco afecte al consumidor.
Hernández precisó que lo ideal sería que los ingresos de los trabajadores fuese superior o equivalente a la cesta básica para garantizar el acceso a los bienes y servicios; sin embargo, hacer esto impactaría al sector público y privado y derivaría en incrementos que a su vez deberán pagar los consumidores
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