Jesús Gambús| [email protected]
La frontera más caliente de América del Sur, como suele llamársele, se niega a perder sus vasos comunicantes, legales o no.
Tras el cierre del puente internacional Simón Bolívar, que conecta a San Antonio del Táchira con Cúcuta, y la detección de más de 250 trochas utilizadas por el contrabando, otros senderos se abren, muchos con la complicidad de quienes están a cargo del cumplimiento de los decretos presidenciales.
Las denuncias se hacen en voz baja, se dan detalles, nombres, y siempre se exige el anonimato para evitar cualquier represalia.
Detenidos. “Hay trochas del contrabando y hay trochas para peatones”, diferencia el exgobernador Walter Márquez y acota, a modo de broma, que él no puede pasar por allí porque se desplaza en silla de ruedas.
Márquez retoma la pregunta del Diario 2001 y subraya que la corrupción se man- tiene activa en la zona fronteriza, al punto que las propias autoridades han dado reportes de la detención de unos 70 funcionarios militares y policiales, aunque no publican sus nombres, y si lo hacen, son pocos.
Obscuridad. Márquez enfoca su atención en el ataque a un grupo de militares, en agosto pasado, que generó u-na reacción del Ejecutivo Nacional y el cierre fronterizo y el Estado de Excepción, para subrayar lo que llama la inconstitucionalidad de las medidas tomadas.
“El hecho en los que dos tenientes fueron atacados es aislado y no comprometía la seguridad de la República, por lo que no se podía utilizar como argumento para el Estado de Excepción”, acota.
Añade que lo sucedido ocurrió en San Antonio del Táchira y, haciendo uso incorrecto del principio de territorialidad que se aplica solo al sitio donde se presentó la situación, el Ejecutivo extendió el Estado de Excepción a otros municipios tachirenses y a otros estados del país.
También se violó, según el exgobernador el principio de “proporcionalidad”, y explica que este elemento establece una magnitud de respuesta, en función de lo acontecido.
Tarifas. A poco más de tres meses del cierre fronterizo y el inicio del Estado de Excepción, la inseguridad y, en especial, la corrupción han aumentado, acota Márquez.
“Antes había un tráfico de mercancías; ahora hay un tráfico de personas a quienes le cobran porque tienen suprema necesidad, y requieren viajar entre Colombia y Venezuela”.
“ Se ha sometido a un extrañamiento o destierro a más de 100 mil venezolanos o colombianos con cédula venezolana; o sea, a quienes tienen doble nacionalidad, y viven en el Norte de Santander.
Esta situación irregular estimula la corrupción de a-cuerdo con la apreciación de Márquez: “Circula la gente pagando en pesos y bolívares a quienes van y vienen de la línea fronteriza.
La tarifa depende de la persona, depende de lo que pueda pagar. Hay gente a la que le cobran de cinco a 20 mil bolívares; a otros les cobran hasta cincuenta mil, diez mil pesos. Eso va de acuerdo a lo que estime el funcionario, concluyó en su apreciación el exgobernador Márquez.
2015-11-25