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La designación como ministro de un alto oficial acusado en Estados Unidos de presunta colaboración con el narcotráfico motivó críticas de analistas y opositores venezolanos que afirmaron que la decisión podría generar nuevas fricciones entre Caracas y Washington.
El presidente Nicolás Maduro sorprendió la noche del martes al nombrar ministro de Relaciones Interiores al mayor general Néstor Reverol, quien hasta julio era comandante de la Guardia Nacional.
Maduro también nombró como nuevos ministros de Industria y Transporte al ingeniero Carlos Faría y al diputado Ricardo Molina, respectivamente.
Los cambios ministeriales fueron interpretados por analistas y opositores como una "radicalización" del gobernante tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de activar una nueva fase del proceso para un eventual referendo revocatorio del mandato de Maduro luego de la validación de casi 400.000 firmas que avalan la consulta.
"La decisión del presidente Maduro a mi juicio es muy grave de radicalizar aún más su gobierno", indicó el diputado opositor Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, al reconocer que Maduro está tomando un camino de "cerrarse más ante el mundo".
Florido dijo a The Associated Press que el nombramiento de Reverol "reviste gravedad extrema" por la importancia del cargo que ocupará y los señalamientos que hay en su contra y planteó que el mandatario debería revisar la designación y pedir una investigación para aclarar la situación.
El congresista consideró "paradójico" que el gobierno busque retomar las relaciones con Estados Unidos al pedir en junio la visita del subsecretario de Estado Thomas Shannon y luego confronte a las autoridades estadounidenses nombrando a Reverol tras ser acusado en una corte neoyorquina.
Eric Olson, experto en Latinoamérica para el centro académico y de investigación Woodrow Wilson Center, dijo que resultaba "decepcionante" el nombramiento de Reverol ya que dificultará las conversaciones bilaterales.
Agregó que Maduro está reaccionando a la acusación realizada en Estados Unidos. "Su respuesta es una respuesta a lo que considera una acusación ilegítima contra un funcionario venezolano", indicó el experto desde Washington.
El analista recordó que lo mismo ocurrió en 2015 con el general Gustavo González López, quien fue designado ministro de Relaciones Interiores tras ser sancionado por Estados Unidos.
Maduro desestimó la víspera las acusaciones contra Reverol, quien entre 2007 y 2011 fue director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y aseguró que las acusaciones en su contra responden a represalias por haber capturado a capos de la droga. "Eso es lo que le quiere hacer pagar la DEA y todas las mafias del narcotráfico estadounidense, porque la mafia del narcotráfico está en Estados Unidos", dijo el jefe de Estado.
Dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, están siendo procesados por una corte de Manhattan bajo cargos de conspirar para introducir 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
El lunes los fiscales acusaron ante un tribunal neoyorquino a Reverol y al general Edylberto José Molina, ex subdirector de la ONA y actual agregado militar en Alemania, de supuestamente haber recibido pagos entre 2008 y 2010 a cambio de alertar a narcotraficantes de redadas policiales en busca de drogas. También fueron señalados de permitir la salida de embarques de cocaína de Venezuela y devolver a narcotraficantes el dinero que les había sido decomisado.
"La acusación habla por sí misma", dijo el miércoles un portavoz del Departamento de Estado al ser consultado sobre el nombramiento de Reverol.
El Departamento de Justicia y la fiscalía del distrito este de Nueva York, que realizó la acusación contra los oficiales venezolanos, se abstuvieron de dar comentarios.
Maduro también nombró a Faría como nuevo ministro de Industria y Comercio en sustitución del empresario Miguel Ángel Pérez Abad, quien también se desempeñaba como vicepresidente de Economía.
La salida de Pérez Abad del gabinete se produjo pocos días después de que declaró a un portal de noticias que el Ejecutivo estaba evaluando los casos de algunas empresas expropiadas en los últimos años para una posible devolución a sus anteriores dueños, lo que algunos analistas interpretaron como una clara contradicción con las políticas que defiende Maduro.
2016-08-03