Olgalinda Pimentel
El aumento del precio de la gasolina a 2,75 bolívares la de alto octanaje el día anterior, fue el detonante. El programa de medidas macroeconómicas llamado el paquetazo, anunciado por el presidente Carlos Andrés Pérez 11 días antes, desató el 27 de febrero de 1989 la masacre de civiles que hoy, 30 años más tarde, sigue mostrando la más cruel morosidad del Estado: Aún no se determina el número real de asesinados ni la identidad de muchos de ellos ni a los responsables.
La lista oficial de muertos es aún de 276 fallecidos aunque los hechos apuntaron a más de 1.500, ocurridos en buena parte durante los días 28 de febrero y 1 de marzo en pleno toque de queda. Los disparos indiscriminados se enseñaron contra zonas populares residenciales como El Valle, Antímano y Petare.
"Este es uno de los casos en América Latina que mayor cantidad de tiempo ha tardado en tener el gesto humanitario de identificar los restos de víctimas encontrados en fosas clandestinas y entregarla a sus familiares”, afirma la abogada Liliana Ortega, fundadora de la Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo.
Lo sabe Maritza Romero Castro, hermana de Fidel Orlando, un obrero de la construcción de 24 años de edad, quien recibió un tiro de FAL en el estómago cuando se encontraba cerca de su casa, en Baruta, el 27 de febrero en la tarde. A pesar de que fue llevado por familiares al hospital Pérez de León y luego a la morgue de Bello Monte, tres días después, para la autopsia de rigor, su cuerpo fue lanzado a La Peste y sus restos siguen sin aparecer.
“Cuando llegamos a la morgue mi otro hermano entró y vio tres pilas de cadáveres; pudo identificar a Fidel y lo colocó en la mesa de autopsia para que se la hicieran y poder llevarlo a la funeraria que ya habíamos pagado. El funcionario nos dijo que lo enviarían allá en la noche, pero el cadáver nunca llegó. Cuando regresamos a la medicatura en la mañana siguiente para ver qué había pasado, el médico nos dijo que se lo habían llevado al Cementerio del Sur. Y vimos que no éramos los únicos que reclamábamos”, relata Romero, una de las fundadoras de Cofavic.
Transcurridos 30 años, ella sigue exigiendo la justicia interna que no consiguió. Durante un año, la hermana de Fidel junto a otros familiares de víctimas del Caracazo durmió en La Peste para vigilar que no movieran los restos humanos. “Mi mamá que entonces tenía 87 años de edad se encadenó en Miraflores. “Sacaron 68 cadáveres pero solo identificaron 3; mi hermano quedó en el nicho.
Lo único que, según dice, lograron en ese entonces fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2002, que ordenó la indemnización de más de 120 familiares de víctimas que correspondían a 44 casos; pero no la recuperación del cuerpo de Fidel “y allí siguen”.
En 2016, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, junto con una comisión multidisciplinaria, exhumó los restos que quedaban en La Peste. “Fue una parodia que además se hizo a espaldas de los familiares, de Cofavic. Los cadáveres se los llevaron, no fueron identificados y se perdieron. Hoy día no sabemos dónde están”, asegura Romero, quien recuerda que la fiscal María Cristina Vispo, líder del equipo del Ministerio Público asignado, la conminaba a “dejar del dolor de una vez” y a hacerse la prueba de ADN. “Le dije que no hasta que no llegaran los peritos internacionales”.
Tampoco en 30 años ha tenido acceso al expediente que reposa en el tribunal 13 de juicio, el cual no ha iniciado el enjuiciamiento de los acusados Ítalo del Valle Alliegro, exministro de la Defensa; Luis Fuentes Serra, ex segundo comandante de la PM; Virgilio Ávila Vivas, exgobernador de Caracas (fallecido); y Freddy Maya Cardona, ex jefe del comando regional No. 5 de la GN
"En el caso del Caracazo no ha habido un solo tribunal venezolano que haya dictado sentencia definitiva sobre los hechos", señala Ortega, quien sostiene que el suceso no pasa. "Tiene vigencia por las demandas sociales y por la crisis de derechos humanos que aún existe. También sigue pendiente la modificación de toda la normativa interna que permitió que ocurrieran los hechos del Caracazo: desde el plan Ávila hasta el uso desproporcionado de la fuerza pública, indica Ortega. "La violencia policial y militar excesiva la vimos en el 2014, en el 2017 y ahora en 2019, por lo que este tema sigue siendo de preocupación en la agenda de DDHH”.
"Me siento defraudada, hoy no sabemos dónde llevar una flor", dijo la hermana de Fidel quien junto a otros parientes acudirán a la misa en la Iglesia Candelaria, a las 10:00 am, que cada año se realiza para orar por todas las víctimas.
Violencia sin parangón
Ninguna de las protestas con fallecidos y heridos que dejó la represión policial en 2014 y 2017 tiene similitud alguna con el Caracazo, afirma la defensora de derechos humanos Liliana Ortega. “No son comparables y son muchísimas las razones”. Las enumera:
1.- La primera y la más destacable es los crímenes ocurrieron en momentos distintos. La violencia del 27F fue durante la suspensión de garantías constitucionales, y las otras no.
2.- Ese día la mayoría de las muertes se dieron cuando las protestas estaban cesando, es decir, después de los saqueos, y no durante las manifestaciones como las posteriores.
3.- Gran parte de los disparos de balas de fusiles automáticos livianos, por parte de militares y policías durante el Caracazo, fueron indiscriminados contra zonas de residencia como El Valle, Antímano, Petare.
4.- Los crímenes ocurrieron no solo el 27F sino también los días 28F y 1 de marzo.
5.- En el Caracazo no se observó pérdida de credibilidad en las instituciones del sistema de justicia, como ahora.
6.- La mayoría de familiares de las victimas del 27F fueron funcionarios públicos que formularon sus denuncias ante la Fiscalía e inclusive las hicieron públicas, sin ocultar sus rostros ni nombres, a través de los medios de comunicación. “Los niveles actuales de hostigamiento no se vieron en aquellos días”.
7.- La impunidad y la opacidad de la información sobre la violencia se han agudizado en los últimos años.
Fotos: Archivo BDA
2019-02-27
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