La junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas, CNP, fijó una postura crítica ante el proyecto de reforma parcial de Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017. Tras analizar el texto legislativo, la organización gremial expresó su profunda preocupación y concluyó que las modificaciones propuestas no resuelven los problemas de fondo del instrumento legal, sino ratifica su solicitud de derogatoria.
El pronunciamiento ocurrió en un encuentro con la directiva nacional en pleno en una rueda de prensa con los medios. Durante su intervención, el gremio identificó cinco zonas vulnerables dentro del nuevo articulado.
El proyecto sustituye las penas de cárcel por trabajos comunitarios o multas económicas, pero los montos oscilan entre quinientas y diez mil veces el tipo de cambio oficial. Esta reconfiguración de la pena funciona como una mordaza financiera contra medios y periodistas. Ningún propietario puede asumir costos tan elevados y, ante el riesgo de quiebra, los directivos prefieren callar la información y fomentar la autocensura.
El texto intenta tipificar conceptos como el discurso de odio mediante términos amplios, imprecisos y sin rigurosidad jurídica formal. Estas figuras otorgan un margen de interpretación arbitrario a las autoridades, quienes deciden las sanciones a su discreción. Como resultado, el miedo paraliza la crítica política, persigue la opinión disidente y somete la investigación periodística a riesgos severos.
La propuesta otorga poderes al Ministerio de Interior y Justicia para resolver expedientes mediante procedimientos administrativos sumarios. De este modo, el Poder Ejecutivo actúa simultáneamente como juez y parte interesada. La vía contenciosa tampoco garantiza imparcialidad y los daños al ejercicio informativo resultan irreparables.
La norma mantiene obligaciones para las plataformas digitales y exige a sus administradores retirar de inmediato los contenidos prohibidos. El temor a las sanciones guía las decisiones editoriales y lleva a medios y portales a eliminar información legítima. Además, el proyecto impone contenidos estatales obligatorios y viola flagrantemente la autonomía editorial.
El gremio subrayó el origen ilegítimo de la ley original, aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente sin validez democrática. El instrumento sirve para hostigar al periodismo y las modificaciones parciales resultan insuficientes. Por ello, el CNP exige la anulación total de la norma, la suspensión de los procesos judiciales abiertos y garantías estatales de no repetición.
Para la directiva gremial, el gobierno utiliza leyes represivas como cortina de humo ante el colapso generalizado de los servicios públicos en el país. En ese sentido, señalaron que este proyecto complementa un aparato punitivo integrado por la llamada ley antisocial, la ley Simón Bolívar y la ley Resorte, cerrando así el cerco comunicacional.
Finalmente, el CNP informó que evalúa futuras acciones legales mientras mantiene vigente un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. La directiva aguarda los resultados del diálogo político y sigue de cerca el proceso de selección de los nuevos magistrados, pues la Sala Constitucional definirá el rumbo jurídico del país. El gremio reiteró que el conflicto continuará mientras la Asamblea mantenga una postura contraria a la Carta Magna, recordando que la sociedad exige transparencia absoluta y la democracia requiere libertad de expresión plena.
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