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En marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió inhabilitar las competencias de la Asamblea Nacional (AN) tras considerar que incumplió algunas sentencias.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", expresa parte de la sentencia emitida por el órgano Judicial.
Esta decisión fue tomada a raíz de la incorporación, en agosto de 2016, de tres diputados del estado Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco tiempo después de conocerse los resultados de las parlamentarias. Los escaños en cuestión completaban la mayoría absoluta de dos tercios del hemiciclo, lo que le habría permitido reestructurar al propio TSJ o convocar a un referendo revocatorio.
Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana son, en teoría, los tres nombres propios que originaron el "desacato". El oficialismo refutó la elección del trio de legisladores al considerar que hubo fraude, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones.
Sin embargo, nunca se corroboró fehacientemente la veracidad de estas acusaciones. Incluso, se manejó la idea de celebrar nuevamente los comicios en la entidad, situación que nunca se concretó.
Muchos otros también interpretan que la sentencia fue en reacción al intento de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar la Carta Democrática Interamericana, escenario que apoyó la AN en su momento.
2019-09-24
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