EFE
La Justicia argentina ordenó hoy la entrega definitiva al Estado de los casi 800.000 dólares incautados en 2007 en el marco del denominado "caso del maletín", que investiga la entrada al país de un empresario venezolano con dinero supuestamente destinado a la campaña electoral kirchnerista.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez de la causa, Pablo Yadarola, dispuso "el decomiso definitivo y anticipado a favor del Estado y con fines sociales reparatorios de los 790.550 dólares secuestrados el 4 de agosto de 2007″ tras hallarlos en el maletín que portaba Guido Antonini Wilson.
"El magistrado solicitó al jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional que por su intermedio se establezca cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro) para que la suma de dinero decomisada en esta causa pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad", agrega el comunicado judicial.
El "caso del maletín" se convirtió en un escándalo político y judicial después de que el propio Wilson y fiscales de EEUU apuntaron que el dinero procedía de Venezuela y estaba destinado a financiar la campaña electoral de Cristina Fernández (presidenta de 2007 a 2015), algo que siempre fue negado por los Gobiernos venezolano y argentino.
La investigación se centra en la figura del empresario venezolano, hoy afincado en Estados Unidos, Guido Alejandro Antonini Wilson, que introdujo en 2007 el dinero en Argentina.
El empresario había viajado a Buenos Aires en un vuelo privado, contratado por la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), procedente de Venezuela.
En el vuelo viajaba Claudio Uberti, un ex alto funcionario del Gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y quien supuestamente autorizó el embarque de Antonini Wilson.
También viajaban Daniel Uzcátegui Matheus, exvicepresidente de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, y su hijo, Diego Uzcátegui Specht.
En febrero de 2015 la Justicia declaró la nulidad de la causa pero el pasado abril, la Corte Suprema, máximo tribunal del país, dejó sin efecto la sentencia que daba por cerrado el caso, tal y como había solicitado la Fiscalía.