Sin mezquindad, observamos con beneplácito el anuncio de la presidenta (e) Delcy Rodríguez de abrir el debate sobre una reforma tributaria, pues representa la oportunidad histórica para corregir uno de los principales frenos a la producción, la inversión y la generación de empleo en Venezuela. Reconocer que el modelo actual requiere una reestructuración profunda es una señal positiva. Sin embargo, el país demanda algo más que simplificación administrativa: necesita un sistema tributario capaz de estimular la actividad económica, en lugar de castigarla.
Las empresas formales soportan una pesada carga de tributos nacionales, contribuciones parafiscales y gravámenes municipales que reducen liquidez, limitan la reinversión y restan competitividad. Mientras tanto, quienes cumplen con sus obligaciones terminan asumiendo el peso de un esquema que desalienta la formalidad.
Los números demuestran que el sector privado ha respondido. El incremento de la recaudación no petrolera refleja una mayor contribución empresarial al sostenimiento de las finanzas públicas. Corresponde ahora avanzar hacia un modelo que amplíe la base de contribuyentes, en lugar de seguir aumentando la presión sobre quienes ya cumplen.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas tributarios orientados al crecimiento favorecen la formalización, atraen inversiones y fortalecen la recaudación. Cuando las empresas producen más, invierten más y generan más empleo, el Estado también recauda más.
Bajo esa línea de acción, la reforma debe concentrarse en objetivos concretos, tales como racionalizar la carga parafiscal, simplificar trámites, fortalecer la seguridad jurídica, armonizar la tributación municipal e incentivar sectores con capacidad de generar inversión, empleo y exportaciones.
En definitiva, la nación requiere una reforma fiscal orientada al crecimiento, de forma perentoria. No se trata de recaudar menos, sino de recaudar mejor. Para lograrlo, es indispensable ampliar la base productiva y formal de la economía. Ningún país alcanza altos niveles de bienestar sosteniendo una presión creciente sobre un universo cada vez más reducido de contribuyentes; el verdadero camino consiste en incorporar más empresas, más inversión y más actividad económica al sistema.
De esta manera se podrá apuntalar el crecimiento. Conviene recordar que, de acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, el PIB venezolano podría ubicarse en unos US$124 mil millones al cierre de 2026, cifra que, si bien evidencia una mejora respecto a los años recientes, sigue muy distante del monto alcanzado durante su período de mayor expansión (US$390 mil millones, en 2010). Recuperar ese nivel e incrementarlo permitirá contar con tributos más competitivos, orientados a la rentabilidad y proporcionales a la dimensión del aparato productivo. Así, la suma de tasas razonables sobre una economía robusta puede generar una recaudación superior a la que producen gravámenes elevados sobre una economía pequeña. Ese debe ser el objetivo nacional prioritario.
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