La Ley de Pensiones ya debe derogarse

Proteger a los pensionados es un deber irrenunciable. Pero hacerlo a costa de debilitar a las empresas que generan empleo, inversión y recaudación es una contradicción que el país no  puede sostener

Lunes, 02 de noviembre de 2026 a las 07:00 am
La Ley de Pensiones ya debe derogarse

Luego de las transformaciones experimentadas en Venezuela a partir del 3 de enero de este año, mantener la vigencia de la llamada Ley de Pensiones ya no tiene sentido, pues se anunció como una medida temporal, debido a una serie de circunstancias muy específicas que hoy son cosa del pasado.

En primer lugar, las sanciones impuestas por Estados Unidos comienzan a levantarse o suavizarse. Por ende, las inversiones se multiplican. Solo el sector petrolero ha visto un renacer cuyos números sorprenden a propios y extraños. Las empresas norteamericanas tienen luz verde para hacer negocios en el país.

El resto del planeta hace algo parecido y ahora Venezuela es un foco de recepción de capitales. Los pronósticos apuntan hacia una recuperación del PIB y el inicio de una era que parece no tener vuelta atrás.

Por otra parte, expertos nacionales e internacionales, dirigentes del sector empresarial y hasta voces del mundo político están conscientes de que sin una urgente reforma fiscal el sector privado no podrá tener su despegue definitivo y, peor aún, los trabajadores estarán lejos de alcanzar los niveles de remuneración esperados.

Antes de la aplicación de la Ley de Pensiones, las empresas venezolanas ya hacían sus correspondientes aportes mensuales al IVSS para la seguridad social de sus empleados. Hoy en día hay una suerte de “doble tributo” por un concepto similar que hace un gran daño a la economía nacional.

Proteger a los pensionados es un deber irrenunciable. Pero hacerlo a costa de debilitar a las empresas que generan empleo, inversión y recaudación es una contradicción que el país no  puede sostener.

La contribución especial creada para financiar las pensiones nació como una medida extraordinaria y, por ende, de carácter transitorio. Hoy se ha transformado en una pesada carga permanente sobre el sector formal.

 El aporte fijado en 9% de la nómina de salarios y bonificaciones encarece los costos laborales en un momento cuando Venezuela necesita exactamente lo contrario: más inversión, más producción y más puestos de trabajo.

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