Prensa Provea
Representantes de las ONG Provea y Espacio Público acudieron a la sede del Ministerio Público para denunciar la intervención ilegal de las comunicaciones privadas de ambas organizaciones por parte de altos funcionarios del Gobierno nacional.
El coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, y el director general de Espacio Público, Carlos Correa, solicitaron a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, investigar a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, tras la divulgación en su programa “Con el mazo dando” de “información que sólo es posible obtener a través de la intervención de las comunicaciones realizadas por Provea y Espacio Público”.
El 13 de mayo de 2015, Cabello aseguró a través del canal del Estado venezolano que “Rafael Uzcátegui encargado de la ONG Provea y Carlos Correa de la ONG Espacio Público, salieron hacia Panamá el sábado 9 de mayo con destino final a la ciudad de Lima, Perú, donde participarán en un foro de derechos humanos junto a otros integrantes de ONG de países latinoamericanos. Luego de esta actividad viajarán a Chile donde se encontrarán con Marino Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y quien lleva tiempo fuera del territorio nacional”.
Explican las organizaciones, en la comunicación elevada al Ministerio Público, que “si bien la información sobre nuestros itinerarios de viaje y nuestras actividades internacionales es posible obtenerla por otras fuentes, el detalle de nuestro encuentro con el ciudadano Marino Alvarado en Santiago de Chile, quien se encuentra desde hace meses fuera del país y con quien sólo tenemos contacto por medios digitales, sólo era posible conocerlo mediante la intervención de nuestras comunicaciones electrónicas”.
Las ONG condenan estas acciones que violan el artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra “el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas”.
Solicitaron a la fiscal general de la República, que les informe si hay una investigación formal en su contra, autorizada por un tribunal; segundo, que se pronuncie sobre la vigencia en Venezuela del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas tal como se encuentra garantizado en el artículo 48 de la Constitución.
Los representantes de las organizaciones también acudieron a la Defensoría del Pueblo, donde solicitaron al ciudadano defensor, Tarek William Saab, intervenga para garantizar los derechos constitucionales de los defensores venezolanos de DD HH y miembros de ONG.