Andrés Tovar Zabaleta | [email protected]
El oro y la actividad minera en Venezuela están en boga en la agenda informativa nacional, lamentablemente por razones carentes de probidades. Así, asistiendo a la descapitalización del gobierno venezolano y a la falta de éxito probado de estrategias como el petro, la extracción y explotación del oro se ha convertido en una vía rápida de conseguir recursos.
En el centro de ella está el Arco Minero del Orinoco (AMO) programa que grupos ecológicos, organizaciones de derechos humanos y políticos han denunciado que está inmerso en una situación crítica caracterizada por el contrabando de extracción de los minerales, el control de grupos armados irregulares, problemas de salud de quienes hacen vida en la zona y la alteración del equilibrio ecológico en las zonas explotadas.
De estas voces, una de las que más ha denunciado y hecho seguimiento al drama del AMO es la de Ramón Flores Carrillo, diputado a la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento Amazónico Capítulo Venezuela, quien no ha dudado en calificar el escenario como “el peor ecocidio registrado en la historia de la humanidad.
Es ya conocida y documentada la grave deforestación, la contaminación y degradación en general de los suelos de la Amazonia, los más antiguos del planeta al igual que los tepuyes.
Un daño además que pasa por nuestras reservas hídricas e hidroeléctricas, pues ya que el río Orinoco desemboca en dos grandes vertientes marinas como el océano Atlántico y el mar Caribe, llevándose en su caudal sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, utilizadas para la extracción de minerales, contaminando a su paso la flora y la fauna de manera irreversible; recordemos que el 20% del agua dulce del mundo se encuentra en la Amazonia y esta forma parte del 40% del territorio de América del Sur. Y, como si esto fuera poco, hay un daño significativo a las poblaciones que hacen vida en ella como los pueblos indígenas. En el AMO prolifera la delincuencia organizada, la prostitución, el tráfico de drogas y enfermedades como la malaria y el paludismo”.
¿Cuál es la posición del Parlamento Amazónico en su conjunto?
En el marco de la Cumbre de las Américas de Lima, el grupo advirtió sobre la catástrofe que se avecina si no se detiene la ilegal e irracional explotación minera en esa región que ya amenaza con contaminar seriamente al océano Atlántico y el mar Caribe. Actualmente estamos creando consensos entre los presidentes de todos los capítulos del Parlamento Amazónico para hacer público, en las próximas semanas, un pronunciamiento unificado sobre la majestad de la gravedad de lo que está sucediendo en el AMO. Recordemos que en el grupo se integran los ocho países de la Amazonia, como Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela. Somos un bloque regional, que tiene autonomía propia y que está destinado a cumplir funciones de protección, conservación y defensa de la Amazonia toda dentro de los parámetros democráticos y de cooperación. Y éste ha sido nuestro trabajo desde más reciente conformación.
¿Cuál es la “majestad” del daño en el AMO?
El AMO está manchado de sangre y dolor. Fíjese, estamos hablando de una explotación minera sin control y desprovista de todo cuidado ecoambiental en un territorio de 12 millones de hectáreas, es decir, casi 112.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Cuba y dos veces Costa Rica. Obviamente va a tener, y ya está teniendo, un profundo impacto en el Caribe y el Atlántico, contaminándolo con cianuro y mercurio, sustancias que matan la flora y fauna a su paso generando un gran daño de manera irreversible. El régimen con todo esto fomenta la depredación, y sólo para el enriquecimiento de unos pocos. Si usted recorre los poblados circundantes a las zonas de explotación la pobreza y las enfermedades son elocuentes. La explotación del oro no ha redundado en beneficios para esas comunidades, pero tampoco para el país. Es sabido que actualmente el aporte de la minería al PIB nacional no llega ni al 1%. Entonces, ¿a dónde se están yendo todos esos recursos? Pues están saliendo por la vía del contrabando y de otras actividades ilícitas.
¿Y en qué ha avanzado el bloque parlamentario al respecto?¿Han acudido a instancias internacionales?
En Lima nos reunimos los parlamentarios venezolanos Franco Casella, Larisa González, María Gabriela Hernández y este servidor con el Presidente del Congreso peruano, Luis Galarreta, junto a su homóloga Esther Saavedra donde avanzamos sobre este importante tema, dándole la importancia que tiene y explicando el apoyo que se necesita para avanzar y proteger, amén de las estrategias para difundir y fortalecer tesis. Asimismo, en el marco de la Cumbre de las Américas, nos reunimos con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien le fue entregado el acuerdo de la Asamblea Nacional del 14 de junio del año 2016, donde rechazamos el decreto ilegal número 2.248, que crea el Arco Minero del Orinoco, que no toma en cuenta el impacto ambiental devastador en la Amazonia, lo hace sin consultar a los pueblos indígenas y pasando por encima de la Asamblea Nacional que está consciente del grave tema ecológico que significa este ecocidio y del impacto dañino e irreversible en este pulmón vegetal importantísimo para América del Sur y para el mundo. Almagro quedó altamente preocupado por lo que allí sucede.
Guerra a muerte. Al panorama ecológico ahora hay que sumar el tema de la violencia ligada a la minería ilegal. Los sucesos en Tumeremo y Amazonas son dos ejemplos recientes y ahora se inscribe la denuncia de la presencia de la guerrilla del ELN en la zona. Y todo esto está sucediendo en una zona militarizada por el Gobierno central.
¿Qué está sucediendo? ¿Comparte usted la tesis de la anuencia del gobierno en la violencia?
Son muchas las mafias que han estado usufructuando las minas de oro, diamante y coltán en el AMO. Decir que éstas operan con la anuencia del Ejército sería un juicio a priori, pero lo que sí no cabe duda es que el Gobierno es responsable o por acción o por omisión, grave en ambos casos. Pero creo que lo peor de todo esto es el engaño del Gobierno a los pueblos indígenas, a quien le ha declarado una guerra a muerte, con una triple exclusión étnica, social y económica, al mismo tiempo en el desconocimiento de los derechos indígenas establecidos en la Constitución de 1999. Muchas etnias han sido desplazadas de sus territorios por las mafias del oro y por la guerrilla, otras obligadas a trabajar como mineros artesanales. El Gobierno utilizó a los indígenas para simular justicia social y reparación histórica, pero en la práctica ha sido un engaño y un fraude. Esto lo hemos denunciado desde la Asamblea Nacional, en varios pronunciamientos y foros. ¿La respuesta del Gobierno? El acoso y la persecución que actualmente están viviendo Américo De Grazia o Andrés Velásquez.
Siendo tan vital la explotación minera para el financiamiento del Gobierno ¿Cree usted que existe la posibilidad de frenar el ilegal Decreto Presidencial N° 2.248 que creó el AMO?
Si nos encontráramos en un régimen de libertades, con Estado de derecho, en una democracia, en principio no se hubiese producido y además de forma ilegal, el espurio y arbitrario decreto 2.248, que comprende la explotación del Arco Minero para extraer no solo oro, sino también diamantes, coltán, bauxita y otros tantos minerales, sin el estudio ecológico previo y por encima de la participación y aprobación de más de 40 pueblos indígenas, quienes por cierto corren el riesgo de desaparecer, así como la aprobación de la Asamblea Nacional, siendo el único poder público en Venezuela reconocido mundialmente. Al encontrarnos en una dictadura como la que vivimos actualmente en Venezuela que su propósito es subsistir y mantenerse en el poder a costa de lo que sea, ella ve al Arco Minero como una oportunidad de obtener recursos económicos del Amazonía sin importar el daño irreversible que se está causando y que a la larga afectará a las generaciones futuras y al medio ambiente, no solo en la parte territorial que comprende a Venezuela, sino también a los países que lo integran y a corto plazo al mundo.
¿Confía en que las sanciones de EEUU a las transacciones ilícitas con oro del Gobierno puedan abonar a esa solución?
Queremos confiar. Lo positivo de esto que es que es una prueba de que EEUU está haciendo seguimiento a la situación. Cabe destacar que, desde la Asamblea Nacional y del Parlamento Amazónico, nos hemos reunido también con parlamentarios y autoridades de distintas ideologías políticas quienes coinciden y están conscientes del gravísimo e irreparable daño que se le causa al único pulmón vegetal del mundo. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos en la lucha por la democracia, la integración y sobre todo por la protección del medio ambiente específicamente por la flora, la fauna, aire y agua que hacen vida en la Amazonia ya que el territorio que comprende el Arco Minero, podemos llamarlo analógicamente el Arca de Noé, en razón de que allí converge la más variada biodiversidad del planeta; razón fundamental para protegerla, cuidarla, preservarla y concientizar al mundo de su importancia. Por ello, desde el Parlamento Amazónico, único parlamento ecológico del mundo, hacemos y seguiremos haciendo nuestra tarea contra viento y marea.
¿Ha estipulado el Parlamento Amazónico cuáles son los próximos pasos a seguir?
El régimen de Nicolás Maduro se ha llevado todo a su paso y, no conforme con haber saqueado al país, pretende tener las reservas naturales como su caja chica. Una de nuestras prioridades es la lucha por el cese de la devastación de los minerales como el oro, los diamantes y el coltán. Es por ello que llevaremos a las instancias que sean necesarias, la protección y defensa de la vida; tomando en cuenta que el Amazonía tiene el 20% del reservorio de agua dulce de la humanidad, por lo que es nuestro deber crear conciencia y educación en los países del mundo.
Puedo asegurar que el mundo se está sensibilizando frente a este problema, consciente de la catástrofe ecológica que se le está causando a la Amazonia a través del Arco Minero del Orinoco; por lo tanto, acudiremos a las instancias necesarias por ser un derecho humano de tercera y cuarta generación, aunado a que los delitos ecológicos pueden configurarse perfectamente en delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Estamos conscientes que en el Estatuto de Roma no se contemplan estos delitos, pero estamos abogando con la ayuda de especialistas en la materia para poder avanzar en este sentido.
Existen dos posturas dentro de la oposición sobre lo que se debe hacer. Una que aboga por redimensionar la actividad minera en el AMO y otra que sentencia que la misma debe ser erradicada.
¿En qué corriente se inscribe Ramón Flores Carrillo?
Yo en lo particular me inscribo en una iniciativa para el desarrollo del turismo ecológico en la zona. No soy del particular de erradicar de raíz la actividad minera, pero ésta debe realizarse con base en la ley y con ética y procesos verdaderamente ecológicos.
2018-11-11
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