La reconstrucción institucional de Venezuela comienza por donde debió empezar hace años: la justicia. La renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede convertirse en otro reparto de cuotas ni en una formalidad burocrática. Se trata de una decisión trascendental para recuperar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho y sentar las bases de la convivencia democrática.
La transparencia debe ser absoluta. No basta con recibir postulaciones ni publicar listados. Es indispensable examinar con rigor las credenciales académicas, la trayectoria profesional, el patrimonio ético y la independencia de cada aspirante. Quien llegue al máximo tribunal debe responder únicamente a la Constitución y las leyes, jamás a intereses partidistas o factores de poder.
Pero la responsabilidad del nuevo TSJ va mucho más allá. Su misión será garantizar que ningún venezolano sea perseguido, encarcelado o inhabilitado por expresar opiniones contrarias al gobierno de turno. Una democracia sana admite el disenso; una justicia auténticamente independiente lo protege. El país necesita magistrados capaces de actuar como contrapeso institucional ante cualquier intento de vulnerar derechos y libertades fundamentales.
Solo sobre esa base podrá avanzarse hacia la designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) creíble, integrado por rectores de reconocida solvencia moral y técnica. El árbitro electoral, al igual que los jueces de la República, debe estar al servicio de los ciudadanos y no de parcialidades políticas.
TSJ y CNE constituyen los dos pilares sobre los que descansará la recuperación de la confianza pública. Sin jueces independientes ni árbitros imparciales, cualquier proceso electoral nacerá bajo sospecha. La hora reclama servidores públicos con ética, autonomía y sentido de Estado, no operadores al servicio de intereses partidistas. Porque sin justicia verdadera no habrá elecciones confiables, y sin ambas será imposible reconstruir la democracia.
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